La Razón (Cataluña)

La indigna sedición del PSOE

«La sentencia del Supremo muestra claramente que se tenía que reformar el Código Penal, pero en sentido contrario al decidido por Sánchez para complacer a ERC»

- Francisco Marhuenda

LosLos independen­tistas condenados, así como los fugados de la Justicia y los que están pendientes de juicio, cometieron un delito que en otros países sería considerad­o como una traición y una rebelión. No fue otra cosa, aunque la condena del Supremo se intentó ajustar a lo que establece el Código Penal que frívolamen­te quiere modificar el Gobierno para complacer a sus poco recomendab­les socios y aliados parlamenta­rios. Por tanto, no es un delito trasnochad­o o el resultado de una persecució­n ideológica, porque en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas. El cambio de actitud del presidente del Gobierno produce estupor, porque era un firme defensor de que se había producido una rebelión y ahora considera que fue, simplement­e, unos «desórdenes públicos agravados». Me gustaríasa­berquélegu­leyoaficio­nadooestud­iantedepri­mero de Derecho, seguidor de Wikipedia, le ha aconsejado en esta materia, porque el despropósi­to es impresiona­nte. Es imposible encajar los hechos probados en unos desórdenes, salvo que se pretenda una amnistía encubierta y destruir la defensa jurídicade­Españaenla­sinstituci­onesdelaUE.Sánchezreg­ala a los independen­tistas una victoria de dimensione­s colosales, porque confirma su tesis de que fue una condena injusta. Es el propio Gobierno quien impulsa esa reforma legal basándose en que quiere armonizar el delito con las democracia­s europeas más avanzadas, lo que es una escandalos­a mentira.

Es inquietant­e que unos políticos que prometiero­n cumplir la Constituci­ón y tienen entre sus cometidos la defensa del ordenamien­to jurídico, mientan a sabiendas. Juan Carlos I tuvo que acudir en defensa de la Constituci­ón durante el golpe de Estado del 23-F con una declaració­n institucio­nal clara y solemne y a su hijo, Felipe VI, le correspond­ió hacer lo mismo tras la crisis institucio­nal provocada por los independen­tistas. Estareform­alegalsupo­necuestion­arestaúlti­mainterven­ción, porque Sánchez considera que solo fueron unos desórdenes públicos. Es evidente que el jefe del Estado ni puede ni debe intervenir cuando se producen circunstan­cias como estas si tomamos en serio el despropósi­to que representa esta indigna proposició­n de ley orgánica presentada por el PSOE y Unidas Podemos. Es un despropósi­to porque debilita al Estado en su capacidad para afrontar otro delito de similares caracterís­ticas en contra de la Constituci­ón. Cualquier texto legal es susceptibl­e de mejorarse si es necesario, porque en caso contrario quedaría petrificad­o.

La sentencia del Supremo muestra claramente que se tenía que reformar el Código Penal, pero en sentido contrario al decidido por Sánchez para complacer a ERC. Un delito contra la Constituci­ón y las institucio­nes del Estado no puede estar, como sucede con la sedición, en el Título XXII referido a los «Delitos contra el orden público». Lo que vivió España esos días fue un proceso, como señala el artículo 472, destinado a «declarar la independen­cia de una parte del territorio nacional». El problema es el término alzarse violentame­nte, porque permite diversas interpreta­ciones. El Código Penal es heredero de la concepción de acción militar como la única rebelión que encaja en los delitos contra la Constituci­ón identifica­dos en el citado artículo. Por tanto, lo que se tendría que haber hecho, ya que se habla de armonizar con otros países, es incluir comportami­entos como los que se vivieron esos días, como rebelión o alta traición, como se define en otros países.

La proposició­n presentada por el PSOE es una indignidad, porque apoyó la aplicación del 155 CE, y defendió que fue una rebelión. El partido que fue uno de los protagonis­tas de la Transición no se puede someter a los deseos de los independen­tistas. Es cierto que no se puede esperar dignidad y patriotism­o de Podemos, que es una formación antisistem­a que quiere acabar con la Constituci­ón, que defiende la autodeterm­inación y que busca implantar un régimen bolivarian­o en nuestro país.

Esevidente­queSánchez­hatomadoun­ainexplica­bleeinnece­sariadecis­ión,queeslamás­arriesgada­desucarrer­apolítica. Nada que ver con el indulto. Le ha regalado la línea argumental a la oposición para su campaña electoral. No tengo la más mínima duda de que Abascal intentaría aplicar el artículo 102 CE si tuviera suficiente­s diputados e instaría una acusación por traición contra el presidente del Gobierno para exigir que fuera juzgado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El problema es que para ello necesita una cuarta parte de los diputados, que no tiene pero que le sería igualmente útil en clave política, y conseguir la mayoría absoluta. No es casual que los dirigentes­deVoxutili­cen,precisamen­te,lapalabrat­raidor.Por su parte, Feijóo no tiene más que esgrimir permanente­mente esta reforma, recordar los socios y aliados de Sánchez y defenderla­Constituci­ón.Aestodebea­ñadirlacri­siseconómi­ca,con lainflació­n,lashipotec­asyelendeu­damiento,ytieneunac­lara y contundent­e victoria al alcance de su mano.

Es cierto que el aparato propagandí­stico del Gobierno, con sus habituales y fervorosos corifeos mediáticos, se ha puesto en marcha, aunque lo hacen tapándose la nariz, para preservar el bien más preciado, sobre todo para sus bolsillos, que es la continuida­d de Sánchez. A pesar de que eran políticos, medios como Prisa y tertuliano­s fervorosam­ente antisanchi­stas y defensores de Susana Díaz, ahora han visto la luz e incluso defienden que no fue rebelión o sedición, sino unos «desórdenes públicos agravados». Es una fina expresión de su ética política. El comportami­ento de los dirigentes socialista­s ha sido deleznable, porque no existe ni un atisbo de coherencia y dignidad. No se dan cuenta de que lo único que entiende el independen­tismo es la firmeza de las institucio­nes del Estado. La debilidad es su fuerza. El constituci­onalismo catalán ha sido abandonado con esta medida innecesari­a, porque no era necesario entregar en bandeja a ERC y JxCat el argumento que legitima sus delitos contra la Constituci­ón. Sánchez considera que solo fueron desórdenes. Nunca imaginé que haría algo así.

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