Sedición y fuga de empresas

SegúnSegún datos del Colegio de Registradores, las empresas continúan saliendo de Cataluña. En lo que va de 2022, hasta septiembre, el balance es una pérdida de 164 compañías. La pregunta que cabe hacerse es, ¿cómo es posible? La respuesta está en la inseguridad jurídica que proyecta.

El mercado, que son las personas interactuando e intercambiado productos, suele adelantar con precisión los acontecimientos y penaliza a quienes deterioran la libertad económica. La rebaja en la pena del delito de sedición está en esa línea, al facilitar futuros disturbios o declaraciones unilaterales extravagantes, como la que tuvo lugar en 2017. Con todas las modificaciones que implica en el Código Penal, referido a otros delitos como fraudes, malversación de caudales públicos, prevaricación o mal gobierno. Esa incertidumbre hace que una empresa que tiene que tomar la mejor decisión para sus accionistas, se traslade de una a otra comunidad autónoma.

Si hay algo sensible para las empresas, por encima de otros parámetros, es la seguridad jurídica. Esto implica que las sentencias se cumplen, que las reglas de juego son claras y que no se cambian a mitad de partido. Para que una empresa se instale en una región necesita certidumbre, solo así invertirá pensando en el largo plazo. Que le permitan vender y comprar en el país y en la Unión Europea, libremente y sin miedo a ordenanzas administrativas arbitrarias, aranceles, o barreras aleatorias.

Si queremos que la sociedad catalana mantenga su histórica cultura empresarial, creando empresas punteras como Cellnex, Catalana Occidente o Wallbox, se necesita un marco estable, de lo contrario la fuga empresarial continuará.