Denuncian las nacionalizaciones de la Ley de Memoria por una instrucción
► Incumple lo que dicta la propia norma, según la Asociación por la Reconciliación
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado un escrito a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y adelanta que podría interponer un recurso «de nulidad radical» contra la instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
La entidad memorialista se basa en que solo mediante real decreto u orden ministerial puede desarrollarse la Ley 20/2022 en lo relativo al otorgamiento de la nacionalidad española y no por medio de una instrucción, como se ha hecho; la extensión generalizada del concepto de «exiliado político» o «ideológico» y la «politización descarada» de la norma. Para la Asociación por la Reconciliación, la atribución de competencias en la concesión de la nacionalidad se recoge en la disposición final quinta de la Ley de Memoria de forma «expresa, clara y taxativa»: corresponde al «Gobierno» como órgano, es decir, al Consejo de Ministros, y no a una Dirección General, después de «unos requisitos sustanciales previos de todo real decreto u orden ministerial que no se han cumplido» en este caso, «como son la audiencia pública a las asociaciones interesadas y el preceptivo informe del Consejo de Estado, entre otros».
La instrucción impugnada extiende el concepto de «exiliado político» o «ideológico» a «nada menos» que «todas las personas que emigraron desde España entre 1939 y 1955, sin distinguir si lo fueron por motivos políticos o económicos, cuando la Ley se refiere exclusivamente a razones políticas», como establece su redactado: «Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Sobre este punto, la entidad considera que «lo del exilio masivo» durante la Guerra Civil y el franquismo «es otra patraña histórica más de un delirante PSOE», según Salvador Palazón, de la Universidad de Alicante, que contabiliza un 85% más de exiliados en la década de los años 20 a 30. Sus datos registran que entre 1936 y 1939 solo emigraron de España a la América Hispana 14.440 personas y de 1940 a 1945 se marcharon 20.116. Por lo que, entre 1936 y 1945, se fueron apenas 34.500 personas.
Entiende también la asociación «que es una completa ilegalidad» lo contemplado sobre que «serán los partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura», lo que significa que «las asociaciones memorialistas son las que certificarán la condición de “exiliado”». Estamos «por lo tanto ante una politización descarada e ilegal por medio de dichos certificados en el otorgamiento de la nacionalidad», lamenta La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que entiende que la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública –Sofía Puente– «podría haber cometido con la aprobación de la instrucción un presunto delito de prevaricación», y la acusan de ser «una activista socialista, hermana del alcalde socialista de Valladolid y fiscal progresista de carrera».
A juicio de esta asociación, «deben paralizarse inmediatamente todos los expedientes de nacionalizaciones en curso por medio de la Ley de Memoria Democrática, y abrirse el proceso establecido para aprobar con todas las garantías su norma de desarrollo», un proceso «que llevará bastantes meses, con lo que las nuevas nacionalizaciones llegarán muy probablemente más tarde de lo que quisiera la izquierda radical y antisistema para su uso electoral».
La entidad asegura que correspondería al «Gobierno» como órgano y no a una Dirección General