La soberbia engendra monstruos jurídicos

ComoComo en un goteo, comienzan a sucederse las reducciones de condenas por abusos sexuales, incluso, sobre menores, propiciadas por el engendro legislativo de la llamada «ley del sí es sí» o «ley Montero», que, entre otros errores, unificó en un sólo tipo penal los delitos de agresión sexual y abuso. Como hoy publica LA RAZÓN, se ha dado un primer caso espeluznante, con una rebaja de condena a un pedófilo que supone su puesta en libertad, y hay otra veintena de recursos en tramitación por las distintas audiencias provinciales, que, como reza el principio de la tutela judicial efectiva, están obligadas a aplicar la norma que más beneficie al reo, aunque se trate de delincuentes repugnantes de muy difícil reinserción. Y todo ello, sin que el pretendido motivo de la reforma, el consentimiento como concepto fundamental en las relaciones sexuales, se haya visto reforzado. Sin duda, lo más desolador de este asunto es que venía anunciado por la mayoría de los profesionales del Derecho, sin que ninguno de sus argumentos hiciera la menor mella sobre los impulsores de la ley. Baste recordar los informes contrarios, con advertencias bien fundamentadas jurídicamente y desde la práctica penal, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, olímpicamente despreciados por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ni siquiera el hecho de que los magistrados y juristas juristas del CGPJ, sin distinción de sensibilidades, hubieran aprobado por unanimidad el documento, algo con muy pocos precedentes, sirvió para disuadir a la ministra y a sus consejeros del error, en una mezcla difícil de superar de soberbia política e ignorancia de la técnica legislativa. Y, como viene siendo habitual en este Gobierno, nunca les alcanza a los autores de las malas prácticas la menor responsabilidad. Así, ayer, al conocerse los primeros efectos indeseables de la ley, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, juez de profesión, trasladó la culpa a la «interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo» que, según ella, está en el fondo de las decisiones «reaccionarias y machistas» de los magistrados. No vamos a entrar en un argumento claramente difamatorio como el expuesto por la juez Rosell, que retrata esa preconcebida superioridad moral de la izquierda, pero sí conviene señalar que una de las advertencias del CGPJ era que se otorgaba, por la confusión en la redacción de los supuestos penales, una mayor discrecionalidad a los magistrados actuantes, al menos, hasta que el Tribunal Supremo, tras las primeras sentencias, proceda a la unificación de doctrina. En cualquier caso, el mal está hecho sin que quepa esperar disculpa o rectificación alguna por parte de una ministra como Irene Montero, a quien no negamos su voluntarismo, con una suficiencia ideológica chocante.