Los sindicatos claman contra el «fiasco» de Escrivá en la gestión del Ingreso Mínimo
► La Seguridad Social ha denegado el 73% de las solicitudes y solo se ha ejecutado el 56% del presupuesto
Los sindicatos mayoritarios en la Seguridad Social (CSIF, CC OO y UGT) movilizaron ayer a cientos de trabajadores en los Nuevos Ministerios de Madrid para denunciar la «caótica situación» del organismo provocada por la falta de efectivos y el incumplimiento de los acuerdos de personal. Los sindicatos lamentan el déficit de 7.000 puestos de trabajo que padece la Seguridad Social, con una plantilla de 25.000 personas, y señalan que esta falta de personal repercute en el servicio que se proporciona a la ciudadanía, con cierres de oficinas y retrasos en las citas. Las previsiones apuntan a que en los próximos cinco años se jubilará el 28,5% de la plantilla de la Seguridad Social, y en diez años un 36,08% adicional. Esto equivale a dos tercios de la plantilla actual, lo que hace temer que «el organismo colapsará».
Los sindicatos advierten de que la situación ya es complicada, ya que esos 25.000 efectivos atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 1,4 millones de empresas, además de incapacidades temporales y otros trámites. Esta falta de personal está afectando, además, a la tramitación de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya implementación es calificada por los convocantes de la protesta de «fracaso». En concreto, los tres sindicatos consideran que esta prestación, que se asigna para su trámite a la Seguridad Social, es un fiasco desde su puesta en marcha por la incapacidad de gestión del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y del INSS debido a la falta de personal y la mala organización. Los sindicatos remarcan que los datos oficiales confirman que un 73% de las solicitudes resueltas se han denegado por criterios de renta, patrimonio o unidad de convivencia. «Del conjunto del presupuesto destinado a esta prestación, tan solo se ha ejecutado el 56% del mismo, teniendo en cuenta que aún quedan pendientes de solicitud el 57% de posibles beneficiarios que representan 400.000 hogares».
Protestan por atender a más de 30 millones de personas con una plantilla de solo 25.000 efectivos