Borràs, a juicio en febrero, a 3 meses de las municipales
► Se sentará en el banquillo hasta el 1 de marzo acusada de falsedad documental y prevaricación
El juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y otorgarlos a dedo a un amigo suyo será del 10 de febrero al 1 de marzo. La dirigente está acusada de prevaricación y falsedad documental y se sentará en el banquillo de los acusados a dos meses de las elecciones municipales de 2023.
En una diligencia remitida ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) encuadró el juicio en ocho jornadas de mañana y tarde entre esas fechas. La sesión se celebrará en la Sala de Vistas de del Palacio de Justicia, en el Passeig de Lluís Companys de Barcelona. El interrogatorio a Borràs será el 20 de febrero, después de las cuestiones previas que empezarán el día 10, a tan solo tres meses de unas elecciones municipales claves para su partido después de haber salido de la Generalitat.
De hecho, la presidenta de Junts y principal alfil político del universo posconvergente puede ver su carrera sepultada en el abismo tras sentarse en el banquillo de los acusados. En esta causa, la Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borràs, además de una multa de 144.000 euros por presuntamente fraccionar 18 contratos para encargar a dedo proyectos a un amigo sin necesidad de licitarlos entre 2013 y 2017, antes de su salto al terreno político de la mano del ex president de la Generalitat, Quim Torra.
También trascendió este viernes que el TSJC ha admitido que Emilio Hellín, ahora Luis Enrique, condenado por asesinar junto a otros ultraderechistas a la militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González, comparezca como perito de la defensa de la presidenta de Junts. La Fiscalía había pedido apartar a Hellín como perito.
Además, se sentarán en el banquillo su amigo Isaías H.–que supuestamente se favoreció de los contratos– y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC, la entidad cultural pública dependiente de la Generalitat. En su auto, el TSJC pide a la defensa de Borràs que detalle la vinculación con el caso de cinco de los testigos que ha propuesto, entre ellos los exconsellers de Cultura Ferran Mascarell, Santi Vila y Lluís Puig, este último actualmente huido de la justicia española, para poder valorar su «pertenencia y necesidad».
«Yo defenderé mi inocencia, como he hecho siempre. He definido definido siempre mi gestión al frente de la ILC, y con esta convicción de mi inocencia solo puedo esperar un veredicto de absolución», aseguró en un vídeo enviado a los medios. Según Borràs, el suyo será un juicio «político» pese a que la causa por corrupción nada tiene que ver a su etapa en la Generalitat o el Parlament.
«Esta irregularidad se ha mantenido hasta el momento actual. Hace dos días, el Supremo señaló la falta de imparcialidad de dos de sus magistrados, que son magistrados de mi causa», avisó en alusión a Carlos Ramos y a Jesús María Barrientos, que es el magistrado designado para presidir el tribunal de su juicio y redactar el borrador de sentencia.
A finales de julio y tras decretarse la apertura de juicio oral por corrupción contra Borràs, ERC, PSC y CUP aplicaron el reglamento del Parlament y suspendieron a la dirigente de sus funciones de presidenta. En concreto, el artículo 25.4 indica que se debe «acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata» cuando se decrete apertura de juicio oral –justo ahora– y en caso los delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs. Un trámite que certificaron los partidos para apear a la posconvergente del cargo después de que se negara a marcharse en varias ocasiones.
El TSJC admite al ultraderechista Hellín, condenado por asesinato, como perito en la causa