Benítez y el marido infiel
CuentaCuenta un amigo, que fue sorprendido por su esposa en el lecho conyugal con otra mujer, cómo salió de la situación. Dice que lo primero que hizo fue negar la evidencia, a pesar de que su todavía cónyuge estaba viendo a su amante con sus propios ojos allí mismo. «Ante mi afirmación rotunda, rotunda, mi esposa se marchó a otra estancia dando un portazo, lo que nos permitió vestirnos y salir de casa hasta que la situación se calmase. Luego terminó en divorcio, pero, de momento, era necesario salvar el susto, negando la evidencia, a pesar de que era evidente», cuenta. Pues parece como si en la Representación de la Comisión Europea en España, dirigida por María Ángeles Benítez Salas, hubiesen decidido aplicar esta misma estrategia de negar la evidencia tras mi columna de opinión del lunes 14, en la que contaba que no habían invitado a las organizaciones agrarias a participar en los debates de una jornada sobre agricultura sostenible, que tendrá lugar el próximo miércoles en Madrid.
En un escrito de rectificación publicado el pasado viernes dicen que «las organizaciones de agricultores fueron debidamente invitadas a participar en dicha jornada». Pues bien, ASAJA, COAG y UPA dirigieron una carta conjunta a la señora Benítez Salas el mismo día 14 en la que se quejan «porque no se nos ha invitado a integrarnos en el programa». Por si fuera poco, consultado el programa oficial de esta jornada ayer por la tarde, siguen sin aparecer miembros de las tres organizaciones agrarias, que, se quiera ver o no, son los representantes de los agricultores y ganaderos españoles.
Otro hecho que llama la atención es que, para cualquier consulta relacionada con el citado acto, se facilita un correo electrónico que no pertenece a la Representación de la Comisión Europea en España, que es la organizadora. Se supone que corresponde a una empresa externa. En cualquier caso, es otro punto que Benítez Salas y su equipo deberían aclarar. Resulta chocante que, teniendo la Representación de la CE en España un total de 32 funcionarios, trabajadores o empleados, no sean capaces de realizar un acto de este tipo, en el que hay muchos puntos polémicos.