La Razón (Cataluña)

Solo un tercio de hogares podrá aplazar hipotecas

► El plan, que elevará el pago de intereses para las familias, se aprueba con «flecos» aún por cerrar con la banca

- J. de Antonio.

El Gobierno aprobó ayer el paquete de medidas dirigido a aliviar la carga hipotecari­a en riesgo de vulnerabil­idad por el incremento de los tipos de interés. Pero lo hizo sin rubricar el acuerdo con la banca, que necesita «cerrar los últimos flecos» para dar su apoyo definitivo, aunque estos «flecos» pueden tener un mayor calado de lo que espera la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuyo equipo técnico continúa en conversaci­ones con las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) para lograr al menos un apoyo «oficial» y dotar de entidad a la decisión del Consejo de Ministros, algo que la banca confirma que está dispuesto a hacer pero «si se cumplen ciertas garantías para la estabilida­d financiera del sistema» porque «nuestra intención ha sido siempre apoyar medidas que ayuden a nuestros clientes», pero todavía se están discutiend­o «aspectos muy técnicos pero muy importante­s para nosotros».

Ahora mismo, la ministra solo ha logrado el apoyo bancario para el «protocolo de intencione­s» del plan, pero sin una rúbrica explícita ni de las patronales ni de la gran banca, que posee más del 95% del mercado hipotecari­o español. «Yo confío en que se sumen todas las entidades, porque es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a los ciudadanos. Creo que la que no se sume tendrá un alto coste reputacion­al», afirmó la vicepresid­enta, que espera que con la batería de medidas aprobadas más de un millón de hogares «puedan tener opciones de reducir su cuota hipotecari­a». Por tanto, apenas un tercio de las hipotecas firmadas en España se beneficiar­án de esta medida, como ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, además, deberán asumir un mayor coste a la larga en intereses tanto si se amplía la carencia como el plazo de devolución.

Además, este nuevo Código bancario tampoco ha contado con los parabienes de su socio de Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo calificó como «sustancial­mente mejorable» porque «no servirá para repartir las cargas de la crisis» y acusó a las entidades financiera­s de «falta de compromiso y de sacrificio» con el país. En el mismo sentido, el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, cargó contra la iniciativa porque «deja a muchas familias fuera» y «apenas va a reducir la cuota de la hipoteca».

Tanto la patronal AEB como CECA destacaron la «plena disposició­n del sector financiero a ayudar» a los clientes que lo necesiten, pero recordaron que «todavía tenemos que ver la última versión aprobada al quedar pendientes detalles técnicos». Asimismo recordaron que el sector ya ha realizado por sí mismo para «la creación un marco flexible que se adapte a las diferentes tipologías de clientes».

Según el decreto ley, se podrá reestructu­rar un préstamo con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años –euríbor menos 0,1% frente al euribor más 0,25% actual–, se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilida­d de una segunda reestructu­ración en caso necesario. Los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año que dediquen más del 50% de los ingresos mensuales al pago de la hipoteca, aunque no vean incrementa­da en un 50% el esfuerzo hipotecari­o, podrán acogerse al Código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante ese tiempo y un alargamien­to del plazo de hasta 7 años. En cuanto a familias con mayor renta, de 29.400 euros anuales, que se consideran en riesgo de vulnerabil­idad por el incremento de la cuota hipotecari­a, que les consume más del 30% de sus ingresos tras una subida de al menos el 20%. Para todos estos casos, que sumarían más de 750.000, las entidades financiera­s deberán ofrecer la posibilida­d de congelació­n durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamien­to del plazo del préstamo de hasta siete años. Eso sí, el Ejecutivo no asumirá ninguna cantidad ni coste de este plan.

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ALBERTO R. ROLDÁN El paquete aprobado actualiza el Código de Buenas Prácticas de 2012

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