Desbordada por el bochorno
ElEl espectáculo es bochornoso, impensable en cualquier país democrático y sin precedentes en nuestra historia parlamentaria. El Congreso de los Diputados se ha convertido en un campo de minas, dónde reinan el insulto, los malos modos y la agresividad sin fundamento. La última muestra con el histriónico ataque de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al PP acusándole de promover «la cultura de la violación» es un auténtico esperpento que rompe las reglas del parlamentarismo sin que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, haga nada por remediarlo. Su falta de ecuanimidad y tacto han quedado bien reflejadas. En estas Cortes Generales cabe ya todo, en un escenario radical populista que refleja una gran indignidad, una degradación lamentable. Su presidenta no sabe o no quiere poner orden en este hemiciclo embarrado, vulgar y grosero. La supresión de la palabra a una diputada de Vox, entre cruzadas acusaciones de filoetarras o fascistas, y la tibia advertencia a la ministra Montero, pero sin aplicar el Reglamento que podía sancionarla por el brutal ataque al principal partido de la oposición, revelan que Meritxelll Batet está desbordada por la situación y le viene muy grande el cargo, nada más y nada menos que la tercera autoridad del Estado.
La libertad de expresión de los diputados, en la que Batet tanto se ampara, no puede traspasar las líneas rojas da la tradicional cortesía parlamentaria, con un lenguaje barriobajero plagado de insultos. El Congreso se ha convertido en un tosco campo de batalla bajo la batuta de una Presidenta que actúa con doble vara de medir según el color político de los grupos parlamentarios, alejada de la necesaria imparcialidad de su alto cargo institucional sin adoptar las medidas disciplinarias en defensa de la dignidad de la Cámara. La extrema izquierda populista, separatistas y bilduetarras han asaltado la sede de la soberanía nacional como una banda que hace del hemiciclo una especie de taberna sin decoro. Los partidos de la oposición coinciden en que Meritxell Batet actúa con el rasero del partido al que pertenece y la situación se le va de las manos. Desde la transición el Congreso ha tenido varios Presidentes socialistas: Gregorio Peces-Barba, Félix Pons, Manuel Marín y José Bono. Ninguno de ellos abanderó el sectarismo ni jamás habrían consentido un espectáculo tan indigno. Corresponde a Batet frenar, con el Reglamento en la mano, los burdos ataques y la zafiedad de unos extremistas sin respeto institucional.
Desde su llegada al cargo, el mandato de Batet está lleno de polémicas y sesiones plenarias incendiarias, con claro favoritismo a los partidos de izquierdas y separatistas. Propuso una rebaja de las mayorías que se exigen para acceder a la Comisión de Secretos Oficiales, lo que permitió abrir la puerta a Esquerra Republicana, JuntsxCat, EH-Bildu y la CUP al control del CNI, las materias clasificadas y los fondos reservados. Un nuevo golpe a la institución parlamentaria, tal como denuncian los grupos de la oposición, a raíz del escándalo del espionaje a políticos independentistas catalanes y vascos. El movimiento de la presidenta es una cesión a las presiones del gobierno de Pedro Sánchez para contentar a los separatistas y filoetarras y conseguir su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Una maniobra que rompe una norma vigente incluso bajo las Presidencias de otros socialistas como Manuel Marín y José Bono. Desde Entonces la mayoría exigida para acceder a la Comisión de Secretos Oficiales era de tres quintos, o sea 210 diputados. Con el volantazo de Batet se rebaja a una mayoría absoluta de 176, lo que facilita la entrada de ERC, JuntsxCat, EH-Bildu y la CUP. Para la oposición es un disparate que «los enemigos del Estado conozcan secretos de Estado».
Mertixell Batet siempre esgrime el argumento de la pluralidad política del Congreso y la libertad de expresión de sus diputados que, al amparo de la Ley y el Reglamento, tiene un límite. El desaforado ataque de Irene Montero al PP raya en el delito, mientras la presidenta del Congreso solo esbozó una tibia definición de «expresiones no adecuadas». Cuando una diputada de Vox habla de filoetarras, Batet y su vicepresidente, Gómez de Celis, lo consideran un agravio y exigen retirarlo. Pero si la izquierda brama contra Vox a los gritos de fascistas y neonazis, se limitan a decir que son «definiciones ideológicas». Veteranos diputados en varias Legislaturas observan un Parlamento «en deriva democrática» con una presidenta, tercer cargo en el organigrama del Estado, alejada de su papel imparcial. Tal vez por su pasado de bailarina Pedro Sánchez escogió a Batet para poner orden en este «Frankenstein», en palabras del fallecido Rubalcaba, de socialistas, comunistas, separatistas y bilduetarras frente al PP, Ciudadanos y Vox. No lo ha conseguido y el Congreso vive el mayor deterioro de su historia.
Las sesiones son cada vez más burdas y acaloradas, sin ninguna talla parlamentaria entre interrupciones a los gritos de traidores, desleales o asesinos. La presidenta pasa de puntillas ante los insultos y se agarra a la defensa de la libertad de expresión y pluralidad política. Desde su llegada al cargo como tercera autoridad del Estado tras el Rey y el presidente del Gobierno, se ha movido entre el apoyo del grupo socialista y las críticas de la oposición, que la acusan de falta de independencia. Una de sus decisiones más polémicas fue la decisión de cerrar el Congreso durante el estado de alarma en la pandemia, rechazada después por el Tribunal Constitucional. Militante del PSC desde el año 2008, Mertixell Batet navega por las aguas turbulentas de un Congreso de los Diputados muy alborotado, con el gobierno más frágil de la democracia, sostenido por comunistas, separatistas y bilduetarras. Pedro Sánchez la designó ministra de Política Territorial y Función Pública tras la moción de censura contra Rajoy, en las elecciones de 2019 fue elegida en segunda vuelta presidenta de una Cámara cada vez más barriobajera y fragmentada.