La Constitución goza de muy buena salud

EnEn las últimas elecciones generales, celebradas en noviembre de 2019, más del 70 por ciento de los electores votaron a formaciones políticas comprometidas con el denominador común de la Constitución. Conviene no perder de vista este hecho, que se repite elección tras elección, que nos habla de una realidad que el ruido de la agria pugna partidaria tiende a opacar, que la inmensa mayoría de los españoles no alberga dudas sobre el modelo democrático sustentado en la Carta Magna. Si traemos a colación esta reflexión es porque, un año más, la celebración en las Cortes del aniversario constitucional tuvo que enfrentarse al desdoro menor de unos partidos políticos nacionalistas que desprecian el propio origen de su legitimidad y, también, al de una formación como Vox, incapaz, al parecer, de disociar sus problemas con la Presidencia de la Cámara del simbólico significado de la fecha. Pero, hay que insistir en ello, la Constitución goza de buena salud, como instrumento básico de nuestra convivencia en libertad, y así será mientras el conjunto de la sociedad española quiera. De ahí que haya que mirar con ecléctica distancia a los profetas de la catástrofe y volver la vista hacia esa mayoría social que vive con normalidad su día a día, no importa el cúmulo de dificultades a las que tenga que hacer frente, y que, sin duda, llevará a las urnas las correcciones que considere necesarias, como vienen apuntando no solo las encuestas de intención de voto, sino los resultados de las últimas citas electorales. En este sentido, deberían reflexionar nuestros políticos sobre si la inaudita crispación que se vive en las Cámaras, con algunas intervenciones parlamentarias absolutamente fuera de lugar, refleja la realidad en la que se desenvuelven sus representados. Sinceramente, creemos que no. Es cierto que la opinión pública española contempla con indisimulada estupefacción la acción legislativa impulsada desde el Gobierno, excesivamente marcada por la ideología excluyente de la extrema izquierda, cuando no condicionada por los intereses meramente personales de algunos dirigentes nacionalistas, pero ello no se traduce en el frentismo que, como táctica electoralista, se promueve desde algunas instancias políticas, entre otras razones, porque, 44 años después de la aprobación de la Carta Magna, España es una democracia plena, perfectamente asentada y en la que, a la postre, funcionan los contrapesos institucionales. Y esa fortaleza constitucional no puede verse eclipsada por una coyuntura políticamente determinada, como es la existencia de un Gobierno en minoría parlamentaria, coaligado con una formación populista y antisistema, y obligado a transigir con las exigencias de sus socios de investidura si pretende agotar el mandato. No. En la democracia española, al final, lo que cuentan son las urnas.