Indonesia prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio
► Las organizaciones de derechos civiles critican una reforma del Código Penal que también amenaza el turismo
Tras años de intensos debates parlamentarios y acalorados enfrentamientos públicos, Indonesia acaba de aprobar un controvertido nuevo Código Penal que, según los críticos, supone un nuevo retroceso para las libertades civiles en la tercera democracia más grande del mundo. Joko Widodo, presidente indonesio, ha instado al Parlamento a aprobar el proyecto de ley este año, antes de que el clima político se caldee de cara a las elecciones presidenciales previstas para principios de 2024.
Según el nuevo Código Penal, aprobado ayer, cualquier persona a la que se descubra manteniendo relaciones sexuales extramaritales se enfrentará a penas de hasta un año de cárcel. La cohabitación antes del matrimonio quedará también proscrita, aunque solo los parientes cercanos podrán denunciar a quienes sean sorprendidos conviviendo o manteniendo relaciones fuera del matrimonio.
La penalización del sexo extramatrimonial también afecta a la comunidad LGBTI, pues el matrimonio homosexual es ilegal en el país. De hecho, la Policía ya ha detenido previamente a decenas de homosexuales por infringir una ley antipornografía, pero a partir de ahora todas las parejas homosexuales que vivan juntas se exponen a sufrir una detención.
Al margen de esos preceptos, también serán ilegales en este país de mayoría musulmana el insulto al presidente y a las instituciones del Estado, el aborto, salvo en el caso de las víctimas de violación, y la práctica de la magia negra. Las leyes contra la blasfemia también se ampliaron de uno a seis artículos, y ahora incluyen la apostasía, o la renuncia a la propia religión.
En lo que respecta al sacrilegio, se mantiene la pena de cinco años de cárcel para las desviaciones de los principios centrales de las seis religiones reconocidas en Indonesia: islam, protestantismo, catolicismo, hinduismo, budismo y confucianismo. Según el nuevo proyecto de ley, los ciudadanos podrían ser condenados a 10 años de cárcel por asociarse con organizaciones que sigan la ideología marxista-leninista, y a cuatro años por difundir el comunismo.
«El peligro de las leyes opresivas no es que se apliquen ampliamente, sino que den pie a una adaptación selectiva», lamentó Andreas Harsono, investigador principal de la organización Humans Rights Watch sobre Indonesia. «Estas normas permiten a la Policía extorsionar extorsionar con sobornos, y a los funcionarios encarcelar a enemigos políticos, por ejemplo, con los artículos sobre la blasfemia».
La nueva legislación sobre la moralidad se aplicará tanto a sus ciudadanos como a los extranjeros. Obviamente, esto plantea algunas preocupaciones importantes, ya que Indonesia (especialmente Bali) es un destino codiciado de vacaciones para miles de extranjeros. Los cambios legislativos no se aplicarán inmediatamente y la transición podría tardar tres años en completarse.
El nuevo ordenamiento establece que la pena de muerte se impone alternativamente con un periodo de prueba. Esto implica que un juez no puede imponer inmediatamente una condena a muerte. Si a lo largo de 10 años el condenado se comporta correctamente, entonces la sentencia capital se conmuta por cadena perpetua o 20 años de prisión.
En reacción al reglamento, la organización Human Rights Watch afirmó que «no cumple las normas internacionales de derechos humanos», ya que viola los derechos de muchos indonesios, incluidas las mujeres, las minorías religiosas y la comunidad LGBTI, y coarta la libertad de expresión.
Apenas unas semanas después de que Indonesia presidiera con éxito la Cumbre del G-20, que elevó su posición en la escena mundial, los representantes del sector empresarial afirman que el proyecto de código envía un mensaje erróneo sobre la mayor economía del sureste asiático.
Un proyecto de ley anterior estuvo a punto de ser aprobado en 2019, pero Widodo instó a los parlamentarios a retrasar la votación del texto en medio de crecientes críticas públicas que desembocaron en protestas cuando decenas de miles de personas tomaron las calles. Los opositores denunciaron la falta de transparencia en el proceso legislativo y la existencia de artículos discriminatorios con las minorías.
El actual Código Penal, que data de 1918, durante el periodo colonial holandés, se codificó y unificó en 1946, tras la independencia de Indonesia. Se basa en el sistema de derecho civil y es una mezcla de derecho holandés, derecho consuetudinario conocido como Hukumadat, y derecho indonesio moderno, que se ha ido añadiendo. Como resultado de los cambios introducidos en el código actual y las adiciones de proyectos de ley relacionados con áreas específicas, muchos de los artículos del código actual se solapan o son contradictorios.