El cierre del Canal d’Urgell desata la guerra del agua
► La Generalitat culpa al Gobierno y exige inversiones, mientras el PSC recuerda que hay una inyección de 28 millones. Hay 50.000 hectáreas afectadas por la sequía extrema
LaLa sequía es el principal problema de Cataluña. Lo dijo el presidente Pere Aragonès, lo repiten los partidos y lo demuestran los hechos. Ayer cerró el Canal d’Urgell en Lleida por primera vez en 161 años de Historia, una decisión de especial gravedad para los agricultores de la zona y que ha desatado una auténtica batalla política por la gestión del agua.
La falta de precipitaciones y las malas previsiones de cara a verano han llevado a tomar esta drástica postura cinco meses antes de lo previsto. De hecho, el cierre del canal d’Urgell, el principal de Cataluña, afecta hasta 50.000 hectáreas hectáreas y supone acabar de forma anticipada la campaña de riego en abril, cuando hace un mes que comenzó. El motivo no es otro que la situación de los estanques cercanos: el de Rialp, el más grande, se encuentra al 6% de su capacidad, una situación límite que ha obligado a acabar con el riego para poder garantizar el agua de consumo doméstico a los municipios de la zona. Los regantes han confirmado que, aunque llueva, no saben si la campaña se podrá retomar antes de septiembre.
Las compuertas del canal principal se cerraron ayer a mediodía y el agua dejó de circular de forma progresiva durante toda la jornada hasta hoy miércoles. La comunidad de regantes aplicará ahora el sistema de gestión propio de invierno, que consiste en abrir el canal una semana de cada tres, duplicando la reserva de agua para garantizar el consumo en los municipios. En verano, el consumo de agua se duplica, y por eso fijarán un sistema de vallas en el canal para almacenar el agua y distribuirla según la demanda.
En el terreno político, este cierre sumado a la cuestionada gestión de la sequía por parte del Govern han acelerado la guerra del agua a las puertas de la campaña de las municipales del 28 de mayo. «Estamos en una situación sin precedentes», clamó ayer la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, quien no dudó en culpar al Gobierno de la situación por ser la administración que gestiona la infraestructura al depender de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). De hecho, la Generalitat urge al Gobierno a ayudar a su modernización para administrar mejor el agua y la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, lanzó ayer una propuesta que pasaría por un 60% de financiación del Govern y un 40% del Gobierno.
El Canal d’ Urgell es «una estructura de país imprescindible» y por ello «exigimos que se tomen las medidas necesarias desde una planificación bien hecha de la poca agua disponible», añadió la portavoz Patrícia Plaja. Para todo ello, «es imprescindible el empuje del Ministerio a través, por ejemplo, de los fondos agroalimentarios PERTE», dijo el Govern. Mañana, el president y la mencionada consejera Teresa Jordà asistirán a Mollerussa a un encuentro con la comunidad de regantes.
Ayer ya estuvo en la zona el líder del PSC, Salvador Illa, quien dijo que está dispuesto a tender la mano al Govern en materia de sequía si este «coge las riendas, genera una dinámica de colaboración y se parte de una diagnosis correcta». «Dice que pondrá dinero si ponen dinero los otros, pero pónganlos ustedes, ¡lideren el camino!», aseguró sobre la propuesta de Jordà. «A veces el primer paso es el más difícil; ya hay un primer compromiso económico (del Gobierno) de 28 millones para dar este primer paso, demos un segundo y un tercer paso con recursos de la Generalitat», remarcó.
Al margen de este caso, Junts y el PSC negocian una nueva proposición de ley con el fin de pactar una batería de medidas excepcionales que hagan frente a la sequía. «El Govern ha sido incapaz de llegar a un consenso, a ver si lo logra el Parlament», avisó la socialista Alícia Romero. El pleno votará la próxima semana la propuesta.
La drástica medida es para garantizar el consumo doméstico en los municipios de la zona