La jueza descarta anular el desahucio de la «Ruïna»
► Rechaza la petición de los «okupas» de la casa de la Bonanova de Barcelona y da la razón a la Sareb
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona descartó ayer suspender por ahora el procedimiento del desalojo del edificio la Ruïna de la plaza Bonanova, tal y como pidieron los «okupas» ante la demanda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
El abogado de los «okupas» pidió suspender el procedimiento sobre el desalojo alegando que la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de un desahucio, y este miércoles, en la vista previa por la demanda, la jueza desestimó suspender el procedimiento con este argumento.
Así, el procedimiento judicial seguirá su curso –el siguiente paso es que la jueza dicte sentencia– para resolver si el edificio debe ser desalojado o no, una decisión que las dos partes podrían recurrir antes de que se ejecute.
Este mismo mes de mayo, la jueza desestimó el desalojo cautelar del mismo inmueble, solicitado por la Sareb. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informó de que la magistrada «desestimó la medida porque procesalmente no se puede acoger», ya que la ley obliga a escuchar los argumentos de los ocupantes, que están personados en el procedimiento, procedimiento, antes de decidir. La Sareb presentó la demanda sobre la Ruïna a principios de año y volvió a pedir el desalojo del edificio «ante la escalada de tensión» en las inmediaciones de la plaza, que fue recientemente acordonada por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona.
Respecto al edificio colindante y también ocupado, el Kubo, el TSJC explicó el miércoles que está pendiente de una nueva fecha de desahucio después de que el 23 de marzo los Mossos intentaran desalojarlo por orden del Juzgado de Primera Instancia 3, pero el lanzamiento fue suspendido ante la falta de «garantías de seguridad y eficacia».
En este sentido, la Sareb explicó que el desalojo del 23 de marzo se paralizó «con el objetivo de proceder al desalojo de ambos edificios de manera conjunta para garantizar la seguridad de la zona».
La jueza añadió que la falta de alquiler social, podría, en su caso, comportar una sanción administrativa (competencia del Ayuntamiento de Barcelona) y al margen de la vía judicial, de manera que el procedimiento judicial seguirá su curso.
Este procedimiento empezó por una demanda de la Sareb que reclama el desalojo de la finca al considerar que no se está respetando el derecho de propiedad. La sociedad también argumenta que la ocupación está significando un riesgo de alteración del orden público.
Entre los argumentos que presentaron los «okupas», también incluyeron la «falta de legitimación» de la Sareb para reclamar el desalojo dado que la sociedad es propietaria del 60,03% de la finca y el resto pertenece a otras dos empresas que no reclamaron el desalojo.
Los «okupas» también intentaron evitar el desalojo afirmando que no hay «pruebas de que exista una perturbación de la propiedad», algo que la Sareb no comparte. Un inspector de los Mossos dijo en el juicio que el inmueble ahora no podría venderse porque está ocupado.