Los coches con etiqueta amarilla, vetados de las ZBE a partir de 2028
► A partir del 2026 ya se restringirá la circulación de estos vehículos cuando se activen avisos de alta contaminación
A las puertas de las elecciones catalanas, el Govern aprovecha para acelerar algunas asignaturas pendientes. Un ejemplo de ello es el anuncio que hizo la semana pasada la consellera de Territorio, Ester Capella, sobre la prohibición de los contratos temporales para esquivar el límite del alquiler. Pero otra de las herramientas de persuasión que el Govern de Aragonès ha usado ante el adelanto electoral son las restricciones en la movilidad del transporte privado.
El conseller de Acción Climática, David Mascort, ayer informó sobre el Pla de Qualitat de l’aire, que entre otras cosas, prohibirá la circulación de vehículos diésel con etiqueta amarilla (B) en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El plan, que está previsto que se apruebe en las próximas semanas, vetará la circulación de este tipo de vehículos a partir del 1 de enero de 2028. Sin embargo, a partir de 2026 ya se limitará su circulación cuando se activen avisos de alta contaminación.
Mascort concretó que la prohibición va dirigida a los municipios catalanes de más de 50.000 habitantes y los de más de 20.000 habitantes que «superen los valores límite de calidad del aire», tal y como establece la Ley estatal de cambio climático.
Para los de más de 50.000 habitantes este plan prevé la prohibición a partir del 1 de enero de 2026 de la circulación de los vehículos diésel de etiqueta amarilla «en los días de episodios de alta contamimáximo nación de NO2». En el caso de las localidades de más 20.000 habitantes, la restricción no estará vigente hasta el 1 de enero de 2028.
El conseller señaló que las ZBE deben establecerse «en un 25% del municipio» en cuestión, pero que puede variar según la casuística de la localidad y en algunas será en el 22% o 23% de su área. Recordó, además, que el departamento lleva trabajando en este plan desde hace «un par de años», e insistió en que ha sido consensuado con los ayuntamientos.
Durante el primer año de implantación de la zona de bajas emisiones, los residentes podrán entrar en su municipio hasta un de 52 días. Mientras que las furgonetas y los vehículos de mercancías sin etiqueta tienen un período máximo de exención de tres años.
Sin embargo, el plan contempla algunas excepciones. Podrá haber autorizaciones excepcionales para vehículos que no cumplan con los requisitos, como es el caso de los servicios de emergencia y esenciales o personas con enfermedades, discapacidades o movilidad reducida. Tampoco se verán afectadas las personas con ingresos inferiores a ciertos umbrales.
Según Mascort, el texto pasó el Consejo Técnico ayer, y ahora debe pasar la evaluación del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC). La previsión es que a finales de mayo o principios de junio, momento en el que ya se habrán celebrado las elecciones en el Parlament, se pueda tramitar. «No tiene por qué
Se aplicará en municipios de más de 50.000 habitantes y en los que superen los valores límite
haber un problema para que el gobierno en funciones pueda tramitar procedimientos ordinarios», dijo Mascort.
Asimismo, defendió que la propuesta responde a la necesidad de «preservar la salud de los ciudadanos de Cataluña frente a la contaminación a la que están sometidos, sobre todo a las grandes conurbaciones urbanas». No obstante, la entidad a la que se dirigió el conseller para detallar el plan, Eixample Respira, cree que es insuficiente. Desde la organización dijeron que las restricciones son «necesarias y adecuadas», pero «poco ambiciosas».
El portavoz de la entidad, Jordi Elgstrom cree que el nuevo calendario supone «un paso atrás», porque hasta ahora se estaba debatiendo prohibirlos en 2026 o 2027. «El plan deja de lado muchas cosas. Necesitamos un cambio ahora, por la salud y el clima», aseguró. Uno de los principales reclamos es el peaje urbano en Barcelona, como el que está activo en Londres desde hace 25 años.
Según la conselleria, el documento se ha trabajado con el AMB y el Arco Metropolitano e incluye 83 medidas y 391 acciones, muchas de ellas relacionadas con el tráfico rodado, pero también con la actividad industrial y los nuevos planeamientos urbanísticos.