La Educación sienta las bases de las exigencias de Vox al PP y Cs
Piden un análisis de la Ley autonómica LGTBI así como programas contra la violencia intrafamiliar
Las exigencias de Vox para aceptar la investidura del popular Fernando López Miras han sido calificadas en varias ocasiones por el presidenciable como razonables, legales, y asumibles para un gobierno de centro-derecha formado por el PP y Ciudadanos, y así de hecho es como se plasma en el documento que hicieron llegar los de Santiago Abascal a las otras dos formaciones como condición «sine qua non» para sacar adelante el gobierno de la Región de Murcia, y en las que se centran principalmente en la libertad de la Educación.
El texto, más amplio y desarrollado que el redactado el pasado 4 de julio -fecha en la que se pusieron en marcha las negociaciones, contempla entre otras cuestiones la obligatoriedad del Ejecutivo murciano de garantizar el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos, así como que sean informados para dar su consentimiento expreso cuando en las aulas se realicen enseñanzas, charlas, talleres o actividades relacionadas con contenidos éticos, sociales, morales, cívicos o sexuales.
Además, en el mismo apartado bajo el nombre de «Libertad», tanto el PP como Cs se comprometerían a reforzar las labores de Inspección de la Consejería de Educación para evitar el «adoctrinamiento político», y se insta a los servicios jurídicos de la Comunidad a realizar «un análisis completo de la ley autonómica 8/2016 de 27 de mayo de igualdad social LGTBI, para asegurar que no se vulneran los derechos constitucionales».
De la misma manera, entre los compromisos adquiridos por López Miras se encuentra garantizar el respeto a la libertad de pensamiento, expresión y comunicación «así como el derecho a no ser discriminado por la condición u orientación sexual de las personas», así como el desarrollo de programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar.
Políticas sociales
En ámbitos sociales, también se exige eliminar o reducir al máximo los impuestos regionales así como el gasto político superfluo de la administración, sin mermar la calidad en los servicios». Esos recortes se destinarían a aumentar el presupuesto en educación, sanidad, ayudas a la dependencia y a la discapacidad.
También se ha planteado aprobar una Ley de Protección integral de la familia para la que se destinarán partidas presupuestarias para apoyar la maternidad y defender la vida.
Finalmente, recoge que «se revisará la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados (MENAS); y se realizarán las actuaciones pertinentes para la no implantación del centro de en la pedanía de Santa Cruz por no ser un lugar adecuado para albergarlo».