Investigan si el Govern espía a los jueces en Cataluña
El Consejo del Poder Judicial ha sido alertado de un acceso indebido a los archivos jurisdiccionales e insta a la Administración catalana a suspender la iniciativa
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado a la Generalitat a suspender provisionalmente cualquier actividad de «inspección, control o seguimiento» de los ordenadores de los jueces de Cataluña y ha dado 15 días a la Administración autonómica para que en el plazo de 15 días le informe con detalle «de todos los accesos que se hayan llevado a cabo» a ficheros de carácter jurisdiccional.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces abrió ayer diligencias informativas al respecto después de que, hace solo unos días, varios magistrados alertaran al CGPJ de que en sus pantallas de ordenador apareció un mensaje poniendo en su conocimiento la «vigencia y aplicabilidad» de una instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat sobre la posibilidad de acceder a las TIC (Tecnologías de Información y Telecomunicación) de la Administración de Justicia «para llevar a cabo actividades de control y seguimiento», incluidos los propios propios ordenadores y las infraestructuras comunes.
La alarma saltó porque el mensaje incluía una advertencia final que indicaba –según detalle el CGPJ en un comunicado– que el uso del terminal implicaba una «manifestación expresa» del conocimiento de los términos y condiciones de esa instrucción, a través de una pestaña de «confirmación de lectura» que forzosamente debía pulsarse para seguir utilizando el ordenador.
La Comisión Permanente subraya que los ficheros existentes en los juzgados y tribunales de Cataluña –donde las competencias de Justicia están transferidas– son en buena medida «tratamiento de datos jurisdiccionales», en buena medida protegidos, dado que permiten «la identificación de la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico», así como conocer las «condenas e infracciones penales» de una determinada persona. Por todo ello, el CGPJ asume, de forma excepcional, las competencias propias de la Agencia Española de Protección de Datos respecto a esos datos de carácter jurisdiccional.
Fuentes del Consejo del Poder Judicial hacen hincapié en que, al tratarse de ficheros de carácter jurisdiccional «no puede entrar nadie sin la supervisión y control del órgano judicial correspondiente». Desde la Consejería de Justicia de la Generalitat, aseguran, en ningún caso se ha advertido al CGPJ de la puesta en marcha de esa instrucción: «Nadie ha comunicado nada». Del mismo modo, alertan de que a través de esa inspección de los equipos informáticos de jueces y tribunales catalanes «se puede acceder a todos los procedimientos penales, incluidos los que se encuentran bajo secreto».
Esas mismas fuentes llaman la atención sobre el hecho de que el organismo de llevar a cabo esas tareas de inspección sea el CTTI, el organismo de la Generalitat investigado por su papel en el 1-O precisamente por un juzgado de Barcelona.
Este hecho se produce después de que, el pasado junio, el CNI alertara a los miembros del tribunal del juicio del «procés» y a los cuatro fiscales del caso del intento de «hackeo» masivo de sus correos electrónicos.