Hasta 4 años de cárcel por un delito contra la salud pública
La Fiscalía de Andalucía abre una investigación penal La Asociación Defensor del Paciente presenta la denuncia
La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación penal tras la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente sobre el brote de listeriosis, mientras que la Fiscalía Provincial de Sevilla ha iniciado también diligencias tras la denuncia de la Junta por la supuesta venta del producto por parte de la empresa con una marca blanca.
Fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía señalaron ayer que la investigación incluirá el análisis de la documentación facilitada por dicha asociación en su escrito dirigido a la fiscal superior, Ana Tárrago. Igualmente, ha solicitado actuación de oficio a la Unidad de Policía Adscrita a la Fiscalía Superior. Paralelamente, existe una investigación abierta por la Fiscalía Provincial de Sevilla tras la denuncia interpuesta por la Consejería de Salud y Familias para dilucidar si la empresa comercial Martínez León comercializó carne mechada de Magrudis –responsable de la carne que ha originado el brotebrote de listeriosis– «reenvasando el producto».
La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, explicó que el día 21 de agosto, cuando tuvieron conocimiento de que la empresa Martínez León había comercializado carne de Magrudis, pusieron en conocimiento del Ayuntamiento, «quien tiene la facultad de las
Las claves La Fiscalía de Andalucía señala que se incluirá el análisisi de la documentación facilitada por la asociación
La Fiscalía de Sevilla invetiga si la empresa comercial Martínez León vendió carne mechada de Magrudis
El delito se consuma por poner en peligro la salud de los consumidores sin que exista lesión
inspecciones», tales hechos para que «sus inspectores se personaran en la fábrica y realizaran la oportuna inspección». Al mismo tiempo se denunció ante la Fiscalía, puesto que uno de los clientes de Martinez León comunicó a la Consejería que esta empresa podría estar reenvasando el producto», añadió.
Las investigaciones serán las que vayan determinando los responsables de la contaminación alimentaria pero en principio, y con todas las cautelas, podrían enfrentarse a un delito contra la salud pública.El artículo 363 del Código Penal, en el que se establece que serán castigados con penas de uno a cuatro años de cárcel, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria y comercio de tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores: «ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre su caducidad o composición», «fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud». Este delito se consuma, además, por el mero hecho de poner en peligro la salud de los consumidores, sin que se exija el que se produzca lesión alguna. Por tanto, el que la carne contaminada se haya comercializado puede ser suficiente para dirimir algún tipo de responsabilidad penal.