«Motín» fallido de los inspectores de Trabajo por la llegada de Díaz
Podemos retiene a la «policía laboral» bajo su control Este cuerpo intentó «escapar» del Ministerio de Trabajo
En medios del Ministerio de Agricultura ha causado sorpresa la actuación de Prieto dando a conocer que había tomado posesión de ese puesto en Roma, sin haber esperado, primero, a que se publicará la vacante y el concurso en el BOE y, después, sin haber esperado a que se resuelva formalmente el citado concurso. La única explicación que encuentran a esta actitud precipitada y atípica es el temor a que no continuase Luis Planas como ministro y que su sucesor no hubiese visto con buenos ojos este nombramiento. Expertos de la Administración en este complejo asunto de los puestos de los funcionarios en el exterior consideran que la única posibilidad para que Prieto haya toma posesión, según su forma de denominar esta operación, haya sido que cuente con lo que se denomina «una adscripción provisional al puesto» que le permita estar allí hasta que se produzca la adjudicación definitiva.
En cualquier caso, estos mismos medios no acaban de entender muy bien la actitud, ni del ministro Luis Planas, ni de la subsecretaria María Dolores Ocaña, una abogada del Estado con fama de legalista, muy minuciosa y poco flexible, ni tampoco la precipitación de Juan Prieto. También califican estos hechos como un tanto extraños. Visto lo anterior, ahora falta saber si se presentan más candidatos a ese puesto que reúnan los requisitos exigidos y lo que harán tanto el ministro como la subsecretaria en ese caso. Por otro lado, Planas debe proceder en los próximos días al nombramiento de su nuevo director de Gabinete.
La nueva ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, no está dispuesta a perder más atribuciones de las que ya le ha supuesto desgajar la Seguridad Social de su departamento. Tras quedarse sin el control de las pensiones, bajo la tutela del independiente José Luis Escrivá, Díaz ha evitado por ahora la fuga de la Inspección de Trabajo hacia la cartera del que ha sido hasta ahora presidente de la Autoridad Fiscal (Airef ). Dentro de la pugna que mantienen socialistas y comunistas por hacerse con la gestión de las mayores responsabilidades posibles, especialmente las que puedan rendir réditos políticos, la flamante titular de Trabajo ha logrado frenar el motín de los inspectores laborales –muy vinculados por obvias razones a la Seguridad Social–, que habían solicitado unirse al recién creado ministerio de mando socialista. De hecho, los sindicatos del cuerpo de inspectores laborales se mostraron en contra de la división de Trabajo y Seguridad Social ya que, aducían, «no se entienden las relaciones laborales sin la Seguridad Social». Ante la partición, los inspectores habían pedido al Gobierno mantenerse dentro del paraguas de Escrivá, ya que que la base de datos de la Seguridad Social es una herramienta «indispensable» para poder comprobar si los trabajadores han sido dados de alta, si la empresa cotiza e ingresa correctamente o los tipos de contrato que utiliza. Los inspectores consideran que sin esta base de datos no se habrían podido alcanzar, por ejemplo, los resultados que arrojó en 15 meses el Plan Director por un Trabajo Digno, que convirtió 273.173 contratos temporales en indefinidos y afloró 160.422 empleos considerados irregulares.
Sin embargo, Podemos ha logrado sofocar la pérdida de la «policía laboral», logrando así retener un instrumento de control político importante con el que «lanzar» campañas de vigilancia laboral sobre los sectores y empresas que determine Díaz así como el registro horario.
Precisamente, la ministra tiró de «defensa de la función» en su discurso de traspaso de cartera, además de sentar la base sobre la que girará su mandato: «Acabar con la reforma laboral».