Desjudicializar ( pero no todo)

Contrasta la advertencia de llevar a la Justicia la norma escolar de la Comunidad de Murcia, con la pasividad con que esos mismos partidos reciben los incumplimientos de las sentencias que se refieren a la persecución del castellano en Cataluña»

HaHa corrido demasiada agua bajo los puentes de la antigua Stalingrado para que un gobierno de la izquierda radical pretenda dar lecciones de nada sobre la libertad de educación y las limitaciones de la patria potestad en la formación y crianza de los hijos. De ahí que la exhibición propagandística que llevaron a cabo las ministras de Educación, Isabel Celaá; de Igualdad, Irene Montero, y la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros, deba pasarse por el filtro de la ecuanimidad. Porque las mismas representantes de un Ejecutivo que se dispone a eliminar la religión católica de las aulas, incluso, a costa de romper los acuerdos con el Vaticano; las mismas políticas que pretenden hacer de su particular visión ideológica una regla general de conducta, se encrespan ante la sola idea de que los padres de familia, amparados bajo el artículo 27 de la Constitución, puedan rechazar que personas ajenas al sistema educativo público, sin titulación acreditada e imbuidas de verdades absolutas expliquen a sus hijos cuestiones que atañen a la moral, a las propias creencias o a la sexualidad. El llamado «pin parental», implantado en la región de Murcia desde el pasado mes de septiembre, no es otra cosa que la puesta en conocimiento de los progenitores del contenido de las actividades complementarias, –aquellas que no tienen por qué estar integradas en el contenido curricular, pero que se ofrecen durante el horario escolar–, así como de la formación específica que poseen quienes vayan a impartirlas. Por supuesto, cualquier cuestión que vaya más allá estaría fuera de lo que establecen las leyes educativas. Detrás de todo este asunto está la machacona imposición de una determinada ideología de género que, en demasiadas ocasiones, tasa mal la percepción social y pretende convertir, como dijo ayer la ministra de Igualdad, en homófobos y machistas a quienes, simplemente, opinan de manera diferente, precisamente, en una materia que afecta a la esfera íntima de las personas y sobre la que es difícil aspirar a otro consenso que no sea el de la libertad de elección. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de una cuestión que entra de lleno en el campo de las libertades individuales y, por lo tanto, de la política. Se entendería, pues, de un Gobierno que pretende «desjudicializar» la vida pública se aprestara a negociar con los partidos de la oposición la manera de armonizar el ejercicio de dos derechos que, al menos, desde la izquierda se entienden que están en colisión. Pero hablamos de un Gobierno del PSOE, partido que nunca ha tenido el menor empacho en buscar en los Tribunales lo que negaban las urnas, y de unos aliados comunistas que tienen sus propias ideas sobre quién es el titular del derecho a la educación y que allí donde han gobernado o aún gobiernan, siempre totalitariamente, nunca han dudado en aplicarlas. Contrasta, por cierto, la advertencia de llevar a la Justicia la norma escolar de la Comunidad de Murcia, con la pasividad con que esos mismos partidos reciben los incumplimientos de las sentencias que se refieren a la persecución del castellano en Cataluña, donde la Consejería de Educación llegó a formar una «gestapo» lingüística para fiscalizar en qué lengua española hablaban los niños en el patio del colegio. Por lo menos, la sobreactuación ministerial de ayer puede dar una pista a los ciudadanos sobre las polémicas de carácter moral, sexual y, por supuesto, religioso con las que el nuevo Gobierno pretenden mantener su estrategia de la tensión frente a la oposición de centro derecha, a la que se trata de deslegitimar ideológicamente. Porque, incluso, hasta a Pablo Iglesias le va resultar muy dificultoso innovar enfrentamientos en materia de política económica y social, donde nos las sabemos todas.