Entrevista al vocal del CGPJ, Jose María Macías
«Se ha creado un muy mal precedente con este nombramiento». «Me parece impensable que se deniegue el suplicatorio de Pugidemont»
«Delgado debería dar un paso atrás, como hizo Manuel Marchena».
JoséJosé María Macías fue uno de los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial que votó en contra de la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado, al no considerarla idónea por su pasado como ministra de Justicia, diputada, haber participado en mítines del PSOE...
-¿Qué piensa que puede haber detrás de esta propuesta de nombramiento?
-Sería una elucubración que no me corresponde hacer. Lo que sí es cierto es que en la Carrera fiscal, con casi 2500 componentes, hay miembros de una calidad extraordinaria, de una rectitud de principio para comportarse imparcialmente, con lo que al Gobierno le sobra de dónde elegir con creces. Ir a buscar a un ministro parece que redunda en la opinión de que su compromiso de imparcialidad puede quedar en entredicho. No digo que lo vaya a estar, pero los datos objetivos nos llevan a que la previsión es mala.
–¿Crea este nombramiento un precedente?
–Obviamente se ha creado, pero además creo que se ha creado un muy mal precedente, en la medida en que todos los fiscales que desarrollan un trabajo son profesionales esforzados que pretenden cumplir con función en contextos que muchas veces no son fáciles, y por eso cuanto más fácil se les ponga desempeñar su trabajo, mucho mejor. Y un nombramiento de este tipo no pone fácil el trabajo a los fiscales y van a tener que superar muchas críticas injustas, cuando se las merecerían otras personas.
–¿No le parece que se está vulnerando la «presunción de inocencia» de Delgado sobre cómo actuará?
–Nadie la acusa de nada; pero en un informe, de alguna manera, lo que se puede hacer no es un vaticinio pero sí al menos una predicción de riesgo, y ésta hay que hacerla con los datos objetivos que tenemos ahora. A partir de aquí, es posible que dentro de cuatro años se haga balance y tengamos que decir que el riesgo que había no se ha cumplido y habrá que reconocerlo. Pero a día de hoy el riesgo de vinculación con el Ejecutivo se asienta en datos objetivos: ministra de un Gobierno, diputada del partido que lo sustenta – hasta que renunció el martes– sin transición, participación en mítines políticos anteriores al nombramiento. Todo ello abona el que existen razones objetivas para dudar. Y en la medida en que dudamos, lo decimos. Pero no hacemos culpable a la señora Delgado de absolutamente nada.
–La vocal Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, señaló en el Pleno que quienes no apoyaban a Delgado era por «razones ideológicas»
–No es cierto y, decirlo es una trampa: si votas en un sentido para que no digan que actúas por razones ideológicas dirán que lo haces por seguidismo político, y si haces lo contrario es por razones ideológicas. Frente a trampas de este tipo lo que prefiero es ser coherente. La anterior fiscal general fue propuesta por un Gobierno del PSOE y voté a favor sin preocuparme del signo del Ejecutivo que la nombró. Luego he tenido que rectificar mi opinión: no ha sido una buena fiscal general , sino que ha sido una extraordinaria fiscal general del Estado y así lo puse ayer de manifiesto.
–¿Habría que reformar la Ley para evitar que se pueda «saltar» directamente del Gobierno a la Fiscalía General?
–Rotundamente, sí. Habría que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para imponer unos requisitos más
claros y directos y, en todo caso, unas limitaciones también más clara para impedir que se realizan esos nombramientos donde concurra esa apariencia indeseable de vinculación con un Gobierno.
–¿Sería acertado que Delgado diese un paso atrás y renunciara a aceptar la Fiscalía General?
–No puedo decir si debe renunciar o no. Lo que planteamos es que lo más acertado sería que no fuese fiscal general, pero no me corresponde ni pido en absoluto su renuncia, en ningún caso. En todo caso, lo más acertado para la Fiscalía sería que Dolores Delgado diese un paso atrás, como hizo Manuel Marchena, del que jamás se podrá decir que haya actuado nunca por vinculaciones políticas: no ha estado en ningún Gobierno, no ha sido diputado ni participado en mítines a favor de un partido ni se le ha oído decir nunca nada en favor de uno u otro. Pero bastó con que alguien dijese algo –el famoso WhatsApp de Ignacio Cosidó– de que quizás en el futuro pudiera estar vinculado a lo que quisiera querer un partido político para que inmediatamente diese un paso atrás. Esa actuación me pareció un ejemplo y me gustaría que todo el mundo actuase así.
–¿Debería seguir entonces Delgado la misma actuación de Manual Marchena cuando recibió ese WashApp?
–A mi juicio, sí. Manuel Marchena lo hizo y creo que con exceso porque no estaba justificado, y en este caso hay razones objetivas para lo mismo, A mi juicio, debería seguir el ejemplo de Marchena.
–Cuando el Gobierno habla que «dará voz” a los catalanes, se podría incluir en esa el «derecho a decidir»?
–Si lo que se pretende con el «derecho a decidir» es buscar una fórmula nueva para aludir a la autodeterminación, que es lo que se pretende, ello no cabe de ninguna manera y eso es evidente. Plantear esa pregunta a una parte del territorio que contradice la Constitución, es imposible. Lo que sí es posible es preguntar a todos los españoles si quieren modificar la Constitución para que la nación española deje de ser indisoluble.
-¿Qué supondría que el Parlamento europeo denegara levantar la inmunidad de Puigdemont y Comín?
-Desde luego, no una humillación de la Justicia española. La decisión de conceder o no el suplicatorio es una cuestión política del Parlamento europeo. Sí plantearía un problema político y que afectaría al Reino de España en cuanto al trato que reciben del resto de países de la Unión, no de todos los países, pero sí respecto de la UE. En todo caso, me parece impensable que el Parlamento europeo pudiese denegar esos suplicatorios, porque no tiene ningún sentido, ni jurídico ni político, rechazar un suplicatorio cuando se trata de supuestos delitos cometidos antes de la adquisición de la condición de europarlamentario, Si ocurriese se propiciaría un grave daño a la institución parlamentaria, toda vez que sería una utilización instrumental del Parlamento
Hay que reformar la Ley para impedir nombramientos donde concurran una apariencia indeseable de vinculación con un Gobierno, fijar ese límite»
Buscar a una ministra para fiscal general del Estado parece que redunda en la opinión de que su compromiso de imparcialidad quede en entrecicho»