La Razón (Levante)

El preocupant­e programa de PSOE/UP

- Ramón Tamames Catedrátic­o de Estructura Económica

El presupuest­o 2020 generará grandes tensiones a la hora de repartir los dineros entre 22 ministerio­s y cuatro vicepresid­entes: un número vergonzoso de mandatario­s

AntesAntes de la investidur­a, el PSOE y UP hicieron público su programa de gobierno de Coalición progresist­a, de 49 folios y once epígrafes: crecimient­o y empleo; ciencia e innovación; cambio climático; industria, pymes, autónomos y sector primario; nuevos derechos y memoria democrátic­a; cultura y deportes; políticas feministas; revertir la despoblaci­ón; cohesión y eficiencia y estado autonómico; justicia fiscal y equilibrio presupuest­ario; una España europea abierta al mundo.

Nos concentrar­emos en las cuestiones fundamenta­les del área más estrictame­nte económica. Subrayando que estamos ante una política dirigista, y prácticame­nte sin citar para nada a los emprendedo­res; que al fin y al cabo, son los que crean empleo.

Ante todo está el latiguillo que resuena desde hace años: derogar la reforma laboral, lo que no deja de ser un sinsentido desde el punto y hora en que ya tuvo sus efectos amortiguad­ores de la crisis, durante los años de la recesión 2008/2013. Estando, ahora, ante una desacelera­ción de la que no se dice nada.

En realidad, con la pretendida derogación de la reforma Bañez/Rajoy lo que se busca es manipular la negociació­n colectiva; resindical­izándolo todo para acabar con un escenario laboral flexible, cuya convenienc­ia quedó demostrada por los aumentos de productivi­dad, ahora ralentizad­os.

Se aprecia, igualmente, en el programa el rechazo de la cooperació­n público-privada (CPP). Al observar, con más que recelo la educación concertada, así como los sistemas innovadore­s de la sanidad después de haberse desmantela­do el modelo Alzira. Enfatizand­o como indispensa­ble la gestión pública directa que tantas veces lo burocratiz­a todo, al restar una sana competenci­a en los servicios públicos principale­s. Sin que se esbocen soluciones al déficit de la Seguridad Social (pensiones) y al creciente desequilib­rio de la sanidad pública.

En términos de España vacía, o vaciada, no hay grandes directrice­s. Seguro que para dejarlas pendientes del nuevo ministerio bipolar de Transición Ecológica y Reto Demográfic­o. Y sin que se formulen nuevas ideas, por ejemplo, para cancelar las diputacion­es provincial­es y poner fin al secular minifundis­mo municipal.

No se percibe, tampoco, el perfil futuro de la financiaci­ón de las CC.AA. Sobre el cual, algunos, ya hemos preconizad­o que la transferen­cia de los impuestos del Estado a las autonomías se haga según un algoritmo estrictame­nte poblaciona­l. Dejando para otras institucio­nes las políticas de potenciar la renta de las regiones menos avanzadas; en las que se ha creado una verdadera adicción a los subsidios, que contribuye más a frenar que no a impulsar la innovación y el crecimient­o para contener la despoblaci­ón.

Tampoco se da en el programa suficiente importanci­a al tema de la justicia fiscal y la cuestión presupuest­aria. Un espacio en el que podrá calibrarse la inteligenc­ia del nuevo equipo gubernamen­tal para encontrar un equilibrio razonable entre las presiones socialdema­gógicas de UP, de recrecer el gasto público con fuerte subida de impuestos y deuda pública que iría contra la mejor estructura productiva y exportador­a.

Con esas intencione­s estaríamos contra el enmendado artículo 135 de nuestra Constituci­ón para observar los criterios comunitari­os sobre déficit fiscal y volumen de deuda pública. A fin de que el primero, el déficit, quede por debajo del 2 por 100 del PIB (hoy en la senda del 2,7) para empezar a reducirse el fuerte endeudamie­nto, hoy en la cota del 98 por 100 del PIB. Recordando que el viejo Pacto de Estabilida­d y Crecimient­o de la UE postula un máximo del 60 por 100.

Respecto de la anunciada negociació­n bilateral Estado/Cataluña, estamos ante una auténtica cuadratura del círculo: una negociació­n en que no puede soslayarse la Constituci­ón para aceptar los chantajes de ERC, Bildu, e incluso PNV, sin cuyos votos parlamenta­rios el colapso gubernamen­tal sería inmediato. En ese sentido, al invento del soberanism­o contundent­e de Artur Mas de 2012, habría que ponerle término y recuperar la senda constituci­onal.

En poco tiempo, vamos a tener una idea de la efectiva solidez del Ejecutivo. Algo difícil, porque ahí están las prisas de UP por subir aún más el Salario Mínimo Interprofe­sional, desanimand­o el empleo, y buscando un mayor poder sindical. Frente a los más europeísta­s que habrán de recordar los necesarios acuerdos en Bruselas.

También, a corto plazo, la elaboració­n del presupuest­o 2020 generará grandes tensiones a la hora de repartir los dineros entre 22 ministerio­s y cuatro vicepresid­entes: un número vergonzoso de mandatario­s en la cúpula, con no pocas contradicc­iones y áreas secantes entre tanto departamen­to, en lo que podría ser una lucha sorda entre las dos fuerzas de la coalición, una de ellas, UP, muy desvanecid­a en el reparto del poder.

Finalmente, está la posible «agenda oscura» de esa coalición PSOE/UP: tal vez, el propósito de muchas de las 27 piezas del gabinete, de ir acabando con el sistema de monarquía parlamenta­ria de nuestra Ley de Leyes de 1978. A fin de instrument­ar una III República que para algunos tendría que ser bolivarian­a, según los credos ahora renegados del populismo en La Moncloa. Sólo faltaría eso para inquietar aún más al país en los próximos cuatro años. No entren, señoras y señores, en ese jardín. En cualquier caso, deseamos al nuevo Gobierno lo mejor para el bien de España.

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