LA EUTANASIA SERÁ UNA REALIDAD EN 2021: ¿QUIÉN TIENE DERECHO A MORIR?
LA ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE SOLICITA UN ENCUENTRO CON EL NUEVO MINISTRO DE SANIDAD PARA ABORDAR LA REGULACIÓN DEL SUICIDIO ASISTIDO, A LO QUE PEDRO SÁNCHEZ SE COMPROMETIÓ SI OBTENÍA UNA MAYORÍA PARLAMENTARIA. ¿CÓMO SE APLICARÍA? ¿QUÉ CASOS ESTARÍAN FUERA DE LA LEY?
Aunque siempre ha sido un rasgo característico de la cultura occidental, puede que a lo largo de las generaciones lo hayamos ido convirtiendo en un concepto cada vez más incómodo. Lo decía el filósofo francés François de La Rochefoucauld en el siglo XVII: «Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente». Es así: miramos hacia otro lado. Los eufemismos al hablar de algunas enfermedades, el aumento de la esperanza de vida y los velatorios fuera de las casas particulares han contribuido a que la muerte se haya ido desnaturalizando hasta convertirse en el gran tema tabú de la sociedad actual. «Es necesario que hablemos de ello. La gente es muy reacia pero hay que desdramatizar porque es la única certeza absoluta: todos nos vamos a morir». Son palabras de Javier Velasco, psicólogo y presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la única en España que lucha por conseguir lo que consideran un derecho social indispensable en una democracia avanzada como la nuestra porque «cada uno tiene derecho a vivir según sus creencias y valores». El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en abril a regular la eutanasia si lograba obtener la mayoría parlamentaria, algo que ya ha ocurrido con el recién estrenado Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora, en DMD esperarán un tiempo prudencial para que terminen de nombrar todos los cargos y solicitar una reunión con el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, además de con los portavoces de cada partido en la comisión del área en el Congreso. Aseguran que solo tienen en contra al PP y a Vox. El resto, incluso Ciudadanos, ya se ha mostrado partidario de regular este tema. Ese viento a favor por la actual coyuntura política y el hecho de que fuera una de las «primeras medidas» que Sánchez se comprometió a impulsar empujan a Velasco a mostrarse muy optimista y habla de «menos de un año» para lograr que la sanidad pública asista en este derecho y se modifique el artículo 143 del Código Penal, que actualmente castiga con penas de entre 2 y 10 años de prisión a las personas que