Rechazo en la calle a la ley del pluringüismo del Consell
MÁS DE 15.000 PERSONAS se manifestaron en Orihuela para exigir el derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudien sus hijos
Una docena de municipios acogieron ayer manifestaciones en contra de la Ley del Plurilingüismo promovida por la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà.
Las más numerosa fue la de Orihuela donde más de 15.000 personas, según la Policía Local, se sumaron a la manifestación convocada por la FAPA Gabriel Miró bajo el lema «Por el derecho a elegir lengua vehicular» en las aulas. Reclamaron la derogación de la Ley de Plurilingüismo de la Generalitat Valenciana y la aprobación de una nueva normativa fruto del «máximo consenso social».
La protesta, impulsada por las asociaciones de madres y padres junto al Foro Por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, participado por Concapa, la propia Fapa Gabriel Miró y la asociación Idiomas y Educación, salió a las 16.30 horas del recinto de Los Huertos y finalizó sobre las 19 horas en el Ayuntamiento sin incidentes y en un ambiente festivo.
Los convocantes de la protesta defendieron el derecho de sus hijos a estudiar en la lengua elegida incidiendo en que la actual norma «discrimina y relega» a aquellos que tienen el castellano como lengua materna.
La Ley 4/2018 de plurilingüismo en la Comunidad Valenciana se implantó hace dos cursos en Infantil y Primaria y en 2021 se ampliará a todos los niveles de enseñanza. Los manifestantes remarcan que los alumnos de ESO y Bachiller que nunca han estudiado valenciano tendrán ahora que hacerlo en el 25 por ciento de las materias.
Reclamaron que se aplique el derecho del Artículo 27 de la Constitución Española, en el que se reconoce la libertad de enseñanza, reconocido también por la Organización de las Naciones Unidas y presente en la declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Asimismo, denunciaron que prácticamente no existe ningún país en el que los niños no puedan recibir la educación en su lengua materna, «si se trata de la lengua común y oficial del Estado». Es discriminatorio y además genera «fracaso escolar».
Para los convocantes de la manifestación la ley, por tanto, supone una práctica «improcedente e inaudita» y defienden que «el castellano se encuentra entre una de las tres lenguas más importantes del planeta».
A la manifestación se sumaron representantes de distintas formaciones políticas, entre ellas el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y organizaciones cívicas.
Nueva norma
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, señaló que, tras la masiva respuesta ciudadana contra la «imposición lingüística», espera que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le llame para pactar una nueva ley. Aseguró que su formación no quiere una «confrontación», por lo que tendió la mano a Puig para acordar una nueva ley que «respete la libertad» de elección de los padres. «Estamos dispuestos a ayudarle para establecer un plan de fomento del valenciano voluntario en las zonas castellano hablante porque no renunciamos a hablar valenciano ni castellano».