El juicio a Trapero medirá la respuesta de la Fiscalía con Delgado
El Ministerio Público había pedido once años para el Mayor de los Mossos
Siete meses después de que quedase visto para sentencia el juicio del «procés», y con los líderes independentistas ya condenados por el Tribunal Supremo (TS), la Audiencia Nacional sienta en el banquillo desde hoy por rebelión a la ex cúpula de los Mossos, con el mayor Josep Lluís Trapero a la cabeza, para quien la Fiscalía pide once años de prisión por su papel en dos momentos clave del desafío soberanista: el asedio a la Consejería de Economía mientras se llevaban a cabo los registros judiciales el 20 de septiembre de 2017 y el referéndum ilegal del 1 de octubre de ese mismo año. Las mismas penas, y por idéntico delito, reclaman al tribunal –presidido por la magistrada Concepción Espejel e integrado, además, por Ramón Sáez y Francisco Javier Vieira– los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira para otros dos pesos pesados de la Policía catalana en esas fechas, el entonces número dos de la Consejería de Interior, César Puig, y el ex director de los Mossos Pere Soler. Para la intendente Teresa Laplana, sin embargo, pide cuatro años de prisión al rebajar la acusación al delito de sedición.
La vista oral –que previsiblemente celebrará su última sesión el próximo 19 de marzo– servirá también para comprobar si, ya con la ex ministra Dolores Delgado como fiscal general, la Fiscalía asume los «gestos» que reclama ERC tras facilitar la investidura de Pedro Sánchez.
Los focos estarán puestos, sobre todo, en la calificación definitiva y en las condenas que finalmente solicite el Ministerio Público para los acusados (aunque los fiscales podrían anticipar el cambio de posición al comienzo de la vista oral). Tras el juicio del «procés», en el que en contra de la Fiscalía los principales líderes independentistas fueron condenados por sedición, y no por rebelión –al considerar el tribunal el desafío soberanista una mera «ensoñación» sin capacidad real de lograr sus objetivos–, los fiscales están obligados a rebajar a sedición su acusación, lo que acarreará una menor petición de años de prisión.
Por otro lado, la condena por el Supremo a diez años y medio de prisión al ex conseller de Interior Joaquim Forn, máximo responsable de los Mossos cuando se produjeron los hechos enjuiciados, actuará ineludiblemente como listón para una hipotética condena a los procesados, todos subordinados a Forn en esas fechas.
El juicio –que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares– viene marcado ineludiblemente por el que se celebró en el Tribunal Supremo entre febrero y junio del pasado año, una sentencia en el que quedó perfectamente delimitado el papel de los Mossos durante el «procés» y su actuación tanto en el 20-S como el 1-O. Ahora, se trata de precisar la responsabilidad que tuvieron en los mismos, en su caso, tanto Trapero como Puig, Soler y Laplana.
Tras su paso por el juicio del «procés» como testigo -cuando censuró a la Generalitat por impulsar un «acto ilegal» y reveló que advirtió a Puigdemont y Forn, tres días antes del referéndum soberanista, de que se podían producir «conflictos graves de orden público», Trapero se ha caído del pedestal al que el independentismo le había aupado desde que fue imputado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. No se espera, por tanto, el desfile de políticos soberanistas que sí concurrieron en el Tribunal Supremo para arropar a los acusados.
La Fiscalía considera en su esLa
El Ministerio Público pide para el Mayor de los Mossos 11 años de prisión por su papel en el asedio a Economía y el referéndum
crito de calificación provisional que los acusados fueron una «pieza clave» para «impedir o dificultar gravemente» el cumplimiento de las órdenes judiciales con el objetivo de «llevar a cabo el plan secesionista». El Ministerio Público atribuye a los Mossos un papel «imprescindible» para «proteger» y dar «cobertura efectiva» a los líderes secesionistas en su plan de «imponer por la fuerza de las masas» la independencia, para lo que no dudaron en llevar a cabo «seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente».
Los fiscales no tienen dudas de que «desde su cargo y responsabilidad» tanto Trapero como Soler y Puig se sumaron al plan independentista poniendo a los Mossos «al servicio» de sus intereses.
A Trapero le atribuyen el diseño de «unos mecanismos de actuación que impidieran» a los agentes cumplir con las órdenes judiciales de impedir el 1-O mientras, según la Fiscalía, Puig «alertaba» de la actuación de Policía y Guardia Civil y «facilitaba información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo» y Soler daba «cobertura y protección» a los organizadores de la consulta ilegal.
Respecto a los incidentes durante los registros del 20-S, los fiscales aseguran que Trapero y Laplana, responsable del operativo, «cooperaron» de forma decisiva con los líderes independentistas «propiciando con su deliberada pasividad la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil», lo que obligó a la secretaria judicial a abandonar el edificio de madrugada por la azotea.