Von der Leyen endurece el tono con los países del Este
Bruselas estrecha el cerco a la deriva autoritaria de Varsovia y propone un mecanismo para evaluar el Estado de derecho
Ursula von der leyen cambia el paso. La presidenta del Ejecutivo comunitario ha decidido endurecer discurso contra Varsovia tras solicitar el Tribunal de Justicia de la UE medidas cautelares para suspender el funcionamiento de la cámara disciplinaria del Tribunal Supremo, al considerar que este organismo es una artimaña para socavar la independencia del Poder Judicial. No es la primera vez que la Comisión Europea toma una decisión de este tipo, ya lo hizo en el pasado también en el caso de Polonia con la jubilación forzosa de los jueces del Supremo cuando el Ejecutivo comunitario estaba presidido por Jean Claude Juncker. Algunas voces le habían pedido a la política alemana que siguiera el ejemplo de su predecesor, pero Von der Leyen había preferido optar por el apaciguamiento.
A pesar de este cambio de tornas, Bruselas sigue tendiendo a la mano a Varsovia en particular y los países del Este en general. Palo y zanahoria, nada nuevo en las relaciones diplomáticas. Lo complicado es que cómo y cuándo administrar las dosis.
La elección de Von der Leyen se produjo tras el veto contumaz de los países del Este al socialista Frans Timmermans, encargado de los expedientes sobre el Estado de derecho en estos países, lo que acabó aupando a la candidata conservadora alemana. Aunque su aprobación en la Eurocámara fue por voto secreto depositado en la urna, los conservadores polacos votaron a su favor, también Fidesz, el partido de Viktor Orban, que forma parte el Partido Popular Europeo (PPE). Estas circunstancias han contribuido a considerar a Von der Leyen un rehén de los países del Este. Paradójicamente, la fragmentación del hemiciclo también obliga a contentar a socialistas y verdes. Una cuadratura del circulo en la que siempre es fácil dejar descontento a alguien.
«No hay que subirse a un árbol si no sabes cómo vas a bajar», aseguraba un alto diplomático a un grupo de periodistas cuando la Comisión Junker, presa del mar de altura, debatía la activación del artículo 7 para Polonia, que puede desembocar, en última instancia, en la pérdida de derecho de voto en el Consejo. Tras cruzar este rubicón, el Parlamento europeo decidió también activar el artículo 7 en el caso de Hungría y, como muchos preveían, los dos expedientes han quedado en punto muerto. Para poder avanzar en posibles sanciones es necesaria la unanimidad de los Veintiocho y esto hace prácticamente imposible algún tipo de avance.
Como muestra de la creciente brecha Este-Oeste, el secretario de Estado húngaro, Zoltan Kovacs, rompió todos los códigos comunitarios al explicar vía Twitter lo que sucedía en una reunión a puerta cerrada mientras se debatía la situación del Estado de derecho en su país. La deriva autoritaria en estos países no ha remitido, sino todo lo contrario.
«Estamos en Europa, pero no sabemos qué hacer con esto y qué hacer con nosotros. En vez de contribuir para solucionar problemas comunes, nos cerramos en la chaqueta del Grupo de Visegrado, desde la que decimos exclusivamente ‘no’. Nos hemos convertido en parte del problema, no en parte de la solución», escribe Mikuláš Dzurinda, ex ministro de Eslovaquia para el «think tank» Martens Centre. Precisamente, para romper este círculo vicioso de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa), el nuevo Ejecutivo comunitario está redactando una propuesta para un nuevo mecanismo anual de respeto al Estado de derecho que informe periódicamente sobre todos los países europeo. El propósito es no estigmatizar a los países del Este y rebajar tensiones.
En la burbuja comunitaria hay opiniones encontradas. Para algunos, esto tan solo conseguirá diluir el mensaje mientras que para otros puede ser una buena herramienta para salir del laberinto. Según una resolución aprobada en el Parlamento Europeo, este nuevo mecanismo constituye «una urgente necesidad». El mismo texto critica la aplicación del artículo 7 por parte de las capitales, ya que la audiencias «no se organizan de manera regular, estructurada y abierta».
El cerco se sigue estrechando. La Comisión de Venecia y la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho perteneciente al Consejo de Europa también publicó esta semana un informe alertando sobre la reforma que pretende imponer un régimen disciplinario a los jueces Según este texto, el proyecto reduce «las libertades de expresión y asociación de jueces y evita que los tribunales polacos examinen si otros tribunales del país son independientes e imparciales según las nomas europeas». El Ejecutivo comunitario también vigila esta nueva ley, pero todavía no ha tomado esta decisión.
Éste no es el único quebradero de cabeza comunitario. El PPE deberá decidir en febrero sobe la posible expulsión de Fidesz, cuya pertenencia está de momento suspendida.