¿Quién debería recibir la vacuna primero?
La Organización Mundial de la Salud (OMS), los laboratorios fabricantes y los diferentes gobiernos se enfrentan a esta incógnita. Y cada uno tiene su estrategia. ¿Qué dice la ciencia?
Erradicar del planeta la viruela tomó casi 200 años. Para liberar África de la polio fueron necesarias décadas de campañas y trabajo de hormiga. Con suerte, en 2021 llegarán las primeras dosis de vacunas contra la Covid-19. Y en el planeta somos más de 7.800 millones de habitantes. Ya no se trata de la dificultad para producir dosis para el 70%, asumiendo que con ello se consigue la inmunidad de grupo. También existe el obstáculo de la distribución y el orden en que el que se realiza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los países han acordado una distribución «justa y equitativa» pero, ¿cómo se determina esto? Las opciones evaluadas son diversas. Algunos expertos en salud y epidemiología señalan que los trabajadores de la salud y las poblaciones de alto riesgo, como las personas mayores de 65 años, deben vacunarse primero. La OMS, por su parte, sugiere que los países reciben dosis proporcionales a sus poblaciones. Y allí que cada uno se arregle.
Pero hay una tercera alternativa presentada por un equipo internacional de 19 expertos y liderada por Ezekiel J. Emanuel, vicerrector de Iniciativas Globales y presidente de Ética Médica y Política de Salud en la Universidad de Pensilvania. Para Emanuel las dos propuestas principales tienen fallos graves, al menos en lo que se refiere a una distribución «justa y equitativa».
«La idea de distribuir vacunas por población – explica este experto en un comunicado – parece ser
Hay diversas propuestas, incluso contradictorias, sobre si se debe vacunar primero o no a los mayores de 65 años
una estrategia equitativa. Pero el hecho es que normalmente distribuimos las vacunas o los suplementos médicos en función de la gravedad del sufrimiento en un lugar determinado y, en este caso, nuestro equipo señala que la medida principal del sufrimiento para evaluar la prioridad debería ser el número de muertes prematuras que evitaría una vacuna».
Con esto en mente, el equipo de Emanuel ha publicado en la revista Science el Modelo de prioridad justa, que tiene como objetivo reducir las muertes prematuras y otras consecuencias irreversibles para la salud de la Covid-19. El modelo destaca tres valores fundamentales que se deben tener en cuenta al distribuir una vacuna. El primero es beneficiar a las personas y limitar el daño, luego priorizar a los desfavorecidos y finalmente dar igual atención a todos, independientemente de su origen o situación. El propósito de esto es reducir todo lo posible tres tipos de consecuencias consecuencias básicas: muerte y daño orgánico permanente, consecuencias indirectas para la salud, como tensión y estrés en el sistema de atención médica, y el impacto negativo en economía.
Así, según los autores, el primer objetivo sería reducir las muertes prematuras de cada país, una medida que se toma comparando la esperanza de vida con los años de vida esperados estándar perdidos. Es decir, si la esperanza de vida en España es de 83 años, las muertes prematuras a evitar serían aquellas menores a esta cifra, según los autores del estudio. En la Fase 2 proponen que reciban la vacuna aquellos sectores que mejorarían la economía general y evaluar el grado en que las personas se salvarían de la pobreza. Y en la Fase 3 se prioriza inicialmente a los países con tasas de transmisión más altas.
La recomendación difiere notablemente del plan de la OMS, que comienza con el 3% de la población de cada país recibiendo vacunas y continúa con la asignación proporcional a la población hasta que cada país ha vacunado al 20%. Para los creadores del Modelo de prioridad justa, si bien ese plan puede ser políticamente sostenible, «asume erróneamente que la igualdad requieretrataralospaísesensituaciones diferentes de manera idéntica en lugar de responder de manera equitativa a sus diferentes necesidades». En realidad, países igualmente poblados enfrentan niveles dramáticamente diferentes de muerte y daño económico debido a la pandemia.
También señalan que vacunar a los trabajadores de la salud o a la población mayor de 65 años en primera instancia no es recomendable. Según sus análisis la inmunización preferencial de los trabajadores de la salud, que ya tienen acceso a equipo de protección y otros métodos de prevención de enfermedades infecciosas, probablemente no reduciría sustancialmente el daño en los países de ingresos más altos. Del mismo modo, centrarse en vacunar a los países con poblaciones mayores no reduciría necesariamente la propagación del virus. Además, los países de ingresos bajos y medianos tienen menos residentes mayores y trabajadores de la salud «per cápita» que los países de ingresos más altos.
«Lo que terminaríamos haciendo – concluye Emanuel – es dar muchas vacunas a los países ricos, lo que no se acerca al objetivo de una distribución justa y equitativa».