Accidente militar de Hoyo de Manzanares: diez años sin respuesta de la Justicia
Cinco efectivos murieron y tres resultaron heridos en unas prácticas de desactivación en las que se usaron explosivos inútiles. Dos de los supervivientes cuentan a LA RAZÓN una década de «calvario»
El 24 de febrero de 2011 era un día como otro cualquiera para varios desactivadores de explosivos del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina, que iban a realizar unas prácticas previas a su despliegue en Líbano en el campo de maniobras de la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid). Tenían casi todo listo y estaban llevando minas a la zona del ejercicio cuando, sin saber cómo, todo detonó. Murieron cinco militares y tres resultaron heridos, dos de gravedad. Diez años después, la causa judicial sigue abierta.
«Al principio no me di cuenta. De repente, perdí la vista y me quedé a oscuras. Seguía de pie. Noté las quemaduras en el chaleco y me toqué la cara... tenía la parte de la derecha de la cabeza hundida y como un trozo de carne colgando por la mandíbula. Era parte de mi cara...». Casi sin inmutarse, el brigada Raúl Alfonso González, uno de los heridos graves, narra a LA RAZÓN cómo fue la explosión.
Un duro relato muy similar al del teniente José Manuel Candón, quien también sufrió importantes lesiones: «Caí al suelo. No sabía qué había ocurrido. Empecé a gritar, me dolía todo y la cara me quemaba. Notaba que me faltaban trozos de un dedo, las manos estaban calcinadas, no oía... Te das cuenta de que te estás muriendo. Moví los dedos de los pies y los noté como inundados en sangre».
Hoy, 3.657 días después y tras un periplo judicial inacabable, continúan sin que la Justicia diga si fue un accidente o una negligencia de sus mandos por permitirles usar un explosivo catalogado como inútil. Pero no se rinden y avisan de que irán donde haga falta «para que se hagan las cosas bien» y que algo así «no vuelva a ocurrir».
Raúl y José Manuel se muestran optimistas pese a todo. En cierto modo, se sienten agradecidos por sobrevivir (al igual que el cabo 1º Herminio Álvarez, herido leve). Una segunda oportunidad que no tuvieron el sargento 1º Sergio Valdepeñas, el sargento Mario Hernández, el cabo Miguel Ángel Díaz, el sargento 1º Víctor Manuel Zamora y el cabo 1º Javier Muñoz, que fallecieron. Por ellos siguen luchando, para que sus familias, «que se merecen todo», reciban lo que les corresponde y para que alguien reconozca que esas minas «jamás debieron ser entregadas».
Candón se despertó un mes después en el hospital, donde estuvo cerca de seis meses. Perdió un ojo, apenas tiene un 20% de visión en el otro, ha perdido audición, tiene metralla por todo el cuerpo... y ha sido operado más de 35 veces. Raúl perdió el ojo derecho y en el izquierdo le queda un 10% visión.
Ambos supervivientes y su abogado, Jesús Blanco, explican no sólo cómo fue esa lucha por recuperarse, sino también su otro «calvario», la batalla judicial, un «bagaje en el desierto» en el que únicamente han encontrado «indiferencia y falta de empatía».
Todo arrancó ese 24 de febrero, cuando el Juzgado Militar Territorial nº 11 incoó diligencias previas. Dos años después, en 2013, las archivó. Ese año volvió a abrirse y archivarse la causa, y en 2017 lo reintentaron, también sin éxito. La respuesta que recibían una y otra vez era que fue un «accidente fortuito». Así que se centraron en pedir indemnizaciones, pero el entonces ministro Pedro Morenés y el asesor jurídico «se negaron».
«Pero llegó un momento en el que vimos que era más de lo que decían. Fuimos viéndolo mientras escarbábamos», apunta el abogado insistiendo en que «la gravedad la vimos en la tramitación». Se refiere a finales de 2017, cuando un perito contactó con ellos para, en resumen, confirmarles que el explosivo nunca debió usarse.
Rebuscando descubrieron, además, que las minas habían sido catalogadas como material inútil en diciembre de 2010; que desde 1999 un manual del Ejército prohibía su uso para prácticas o que, pese a que debían ser desmilitarizadas, diversos mandos permitían que se usasen en ejercicios de desactivación. Plasmaron todo en un informe y empezó de nuevo la «batalla judicial», explica Candón.
En enero de 2018 solicitaron la reapertura de la causa, que se acordó en abril de 2018. Cambiaron al juez e inició una serie de
Desde marzo de 2019, tras descubrirse que el primer informe de la Guardia Civil era erróneo, no tienen noticias del Juzgado
diligencias, que incluyeron la declaración de las víctimas y los peritos de la Guardia Civil que elaboraron el primer informe.
Todo dio un giro inesperado en marzo de 2019, cuando, durante el careo con los agentes, estos reconocieron que su primer informe se hizo basándose en que la munición era útil. Fue ese día cuando «se dieron cuenta, en sede judicial, de que era inútil desde diciembre de 2010». Por ello, solicitaron nuevas actuaciones, como que la causa se elevara a sumario, más testificales o la imputación de los mandos que entregaron el material o el que lo custodió. Hasta ahí, porque desde entonces el Juzgado dejó de dar señales de vida y pese a los cuatro escritos remitidos, la juez no les da respuesta. El último, el pasado día 8, criticando los diez años de «ralentización y paralización» y la «orfandad» judicial que sienten.
«Con el tiempo transcurrido y todo lo que tiene el juez encima de la mesa, tenía que haberse dictado una resolución hace mucho y señalaralas personas responsables », explica el letrado, quien tiene claro que «hay evidencias palmarias» de «incumplimientos de la Administración, por entregar un material inútil» o «engañar a quienes iban a trabajar con ese material, pues desconocían su estado». Y tiene más que claro que «estas dilaciones perjudican a las víctimas».
Tanto, que Candón se ha planteado en más de una ocasión «arrojar la toalla». «Son 10 años muy largos. Me ocurrió con 34, tengo 44... Mi hija tenía seis meses y ya ha hecho la comunión. Mi hijo tenía 8 años y este año se va a la universidad. Esto cansa», afirma enfadado.
No confía mucho en una rápida respuesta ni en una sentencia a su favor, al igual que Raúl: «No tengo demasiadas esperanzas. Queda lucha para largo», dice para insistir en que «no lo hacemos por una indemnización, sino para que las cosas se hagan bien y no vuelva a ocurrir». Candón, por su parte, señala: «No va a avanzar hasta que ellos no quieran que avance». Sobre todo, critica «las buenas palabras» de las autoridades cuando estaban en el hospital o en los funerales, «pero cuando llega el momento de dar la cara...». «Estoy cansado de que me pasen la mano por el lomo», sentencia.
Raúl, que ahora tiene 46 años, es algo menos crítico y reconoce que no tiene «nada en contra de la institución». «Sigo comprometido porque juré dar hasta la última gota de mi sangre. Pero cuando las cosas se hacen mal hay que intentar ponerles solución y reconocerlo». Al menos, con su lucha han conseguido que se cumplan los manuales o que crezcan las cuantías que reciben los heridos y los familiares de los fallecidos del seguro. De 22.500 euros que recibieron las viudas han logrado que desde 2018 esa cantidad sea de unos 140.000.
Ahora, ambos esperan que Margarita Robles les reciba. En marzo de 2020 les citó, pero se anuló por la covid y no saben si se retomará. «No quiero que interceda en la Justicia Militar, pero después de dos años de parálisis se puede personar a través del fiscal militar, para que pro mueva algo », apunta Candón.
Pero «la paciencia tiene un límite», dice el abogado. «Ya hemos puesto un escrito a su señoría diciéndole que hace tanto tiempo se le pidió una serie de cosas y que todo está silente. Si esto no sale, lo siguiente será pedir am paro alCGP Jo a quien competa e ir a la jurisdicción social, porque hay un incumplimiento de la seguridad en el trabajo». Y avisa: «Se pueden pasar los Pirineos para buscar Justicia». Todo, insiste, para «ver la luz al final del túnel de esta historia macabra. Que las familias de los fallecidos sepan que ya no están por una mala praxis de algunas personas de la Administración» y que, en el caso de los heridos, puedan decir que «se quedaron así porque algo se hizo mal».