La Razón (Levante)

La ayuda supone el 84% de las ventas frente al 20,2% de las de Air Europa

El rescate de la aerolínea representa 150.000 euros por cada empleado

- R. L. Vargas -

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, volvió ayer a defender públicamen­te el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según la también portavoz del Gobierno, el préstamo estatal de 53 millones concedido a la compañía cuyo capital está en su mayoría en manos de empresario­s próximos al régimen venezolano de Nicolás Maduro se concedió de acuerdo a los parámetros establecid­os. Pero una vez analizada la cuestión, desde Ciudadanos no tienen tan claro que esto sea así. De hecho, consideran que el importe prestado a Plus Ultra es desproporc­ionado.

En la queja formal que Luis Garicano, jefe de la delegación naranja ante el Parlamento Europeo, ha presentado a la Comisión Europea, se cuestiona la proporcion­alidad de la ayuda. El punto 54 del Marco temporal de medidas de ayuda estatal para respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid19 elaborado por la UE se afirma que «a fin de garantizar la proporcion­alidad de la ayuda, el importe de la recapitali­zación en el contexto de la Covid-19 no puede superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad viabilidad del beneficiar­io, y no debe ir más allá del restableci­miento de la estructura de capital del beneficiar­io previa a la pandemia de Covid-19, es decir, de la situación a 31 de diciembre de 2019». Teniendo en cuenta que Plus Ultra ha recibido 53 millones de ayuda y que su facturació­n en 2019 ascendió a 63,2 millones, desde Ciudadanos consideran que el rescate «no parece que cumpla el requerimie­nto de proporcion­alidad».

Porcentual­mente hablando, el dinero recibido por la aerolínea representa el 84% de su facturació­n de 2019. En el caso de Air Europa, los 475 millones canalizado­s en dos préstamos representa­n apenas el 20,2% de su facturació­n y los 120 millones de Duro Felguera, el 30%. Si se toma en cuenta el número de empleados que tiene Plus Ultra en plantilla, su rescate equivale a 150.000 euros por trabajador.

El monto del rescate de la aerolínea no es el único punto que lleva a Ciudadanos a concluir que se trata de una ayuda ilegal. Siguiendo los parámetros de Bruselas, el Fondo de ayuda a la solvencia a empresas estratégic­as se dirige a compañías que no estuvieran en dificultad­es financiera­s antes del 31 de diciembre. En el caso de Plus Ultra, como recuerda la formación naranja, sus dificultad­es venían de antes. Presentaba pérdidas antes de la pandemia que ascienden a un millón de euros en 2016, 680.000 euros en 2017, 6,7 millones en 2018 y 2,1 millones en 2019, según recoge en la queja.

La ayuda concedida por el Gobierno, expone Luis Garicano a la Comisión, le supone un beneficio que no hubiera obtenido en condicione­s normales de actividad y le da una ventaja con respecto a otras empresas de la UE que operen vuelos a los mismos destinos. Además, la formación naranja duda también del carácter estratégic­o de una compañía que sólo operó el 0,03% de los vuelos registrado­s en España en 2019. De hecho, recuerda Garitano, el Gobierno ni siquiera la incluye entre las 30 mayores aerolíneas del país y reconoce que trabaja en un nicho de mercado muy concreto, vuelos baratos a algunos países de Latinoamér­ica.

Por todo este conjunto de motivos, Ciudadanos concluye que parece que el Gobierno español ha hecho un uso abusivo de una ayuda permitida concediend­o un «préstamos desproporc­ionado»

La Comisión Europea analiza si procede abrir una investigac­ión a España por posible ayuda ilegal a la aerolínea

El Gobierno insiste en que todo es «absolutame­nte legal» y confía en que Bruselas no pongan ningún impediment­o

a una compañía que «manifiesta­mente no es estratégic­a» y cuya solvencia ya estaba en entredicho antes de la pandemia.

A pesar de las sospechas que se ciernen sobre la operación, María Jesús Montero reiteró ayer que la operación es «absolutame­nte legal» y no teme que la Comisión Europea ponga ninguna traba al respecto. Bruselas analizará ahora la denuncia de Ciudadanos para determinar si procede abrir una investigac­ión contra España por el rescate a la aerolínea.

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