Urbanismo y traiciones, la vieja política vuelve a San Vicente
El PSPV ha expedientado a siete ediles que conspiraban contra el alcalde socialista y filtraban expedientes de contratación
Si un alcalde de un municipio de casi 60.000 habitantes consigue doblar el número de concejales de una legislatura a la siguiente, lo lógico sería pensar que tenía cuatro años- salvo pandemia imprevistade imprevistade tranquilidad. Sin embargo, si militas el PSPV y la localidad que gobiernas es San Vicente del Raspeig puede pasarte de todo.
Los viejos roqueros nunca mueren y los viejos militantes, por muy peligrosos que sean, tampoco. Sobre todo si se les deja volver a afiliarse a un partido casi 20 años después de que promoviese una moción de censura para acabar con el alcalde de sus mismas filas porque con él no salía adelante un proyecto urbanístico, con campo de golf incluido. Que esta maniobra implicase dar la alcaldía al PP tampoco tiene demasiada relevancia.
En San Vicente del Raspeig el PSPV ha expedientado a nueve militantes de esta localidad de la provincia Alicante.
Los dos últimos en recibir esta tarjeta amarilla han sido José Gadea, el viejo militante que dio la alcaldía a la popular Luis Pastor en 2001, y a la ex jefa de prensa del Ayuntamiento de Alicante, Ana López Tárrega, que también es secretaria general de Joves Socialistes.
Al primero se le adjudica organizar una trama para condicionar las decisiones del grupo municipal en cuestiones de urbanismo incluso en contra del criterio de los técnicos.
Todo esto a través de un grupo de «wasap» donde participaban los otros ediles expedientados a los que les requería información sobre contrataciones para supervisar las operaciones y en el que Tárrega, según desveló Radio Alicante, decía : «Lo que me pide el cuerpo es cortarle el cuello a Jesús Villar (el alcalde) y a todos sus seguidores y enterrarlos en lo más profundo del Raspeig».
Los siete ediles que formaban parte de este «gobierno paralelo» fueron expedientados (Jesús Arenas, José Luis Lorenzo, Pilar Alcolea, Isabel Candela, Guillermo García, Lucía Rubio y Juan Antonio López) cuando se abstuvieron en un punto sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Semanas antes la concejala Belén Arqués había dimitido argumentando que no soportaba la guerra entre sus compañeros de bancada. A ella, según explicaron fuentes conocedoras del caso, se le atribuye la responsabilidad de haber advertido de lo que ocurría en el grupo de «wasap» en el que no se encontraba ni el alcalde ni la única concejala de su total confianza, Asún París.
Apoyo al alcalde
José Gadea, un histórico del PSPV, está detrás de esta trama en la que los intereses urbanísticos parecen ser los culpables
La dirección del PSPV ha mostrado desde el principio de legislatura su total apoyo a Villar. Entre otros motivos por el importante incremento de concejales. De él hablan bien hasta en la oposición, pero la falta de poder orgánico le ha costado un expediente de su propio partido, abierto, como es de suponer por sus críticos.
El resultado, por ahora, de todo esta serie de conspiraciones ha sido la dimisión de dos ediles díscolosLorenzo díscolosLorenzo y Arenas- y la petición del PP de Alicante a la Fiscalía Anticorrupción que investigue los hechos.
Los populares consideran «muy grave» que se filtrase a través de un grupo de «wasap» información sobre contratos públicos a personas ajenas al equipo del gobierno municipal y solicita que se investigue de oficio los contratos de los que se habla en esas conversaciones por si hubiera algún tipo de delito vinculado a la corrupción u otro tipo de irregularidad. Quizás así, acaben ya las intrigas en San Vicente.