Primer juicio en EE UU contra las distribuidoras de opiáceos
Una demanda sienta en el banquillo a tres farmacéuticas por enganchar a miles de pacientes con calmantes que les llevaron a la muerte
de mil obstáculos y contratiempos, arranca el primer juicio federal en Estados Unidos contra las tres grandes distribuidores de opiáceos, McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen. La demanda, que será juzgada en una pequeña localidad de Virginia Occidental, ha sido presentada por cientos de comunidades, de ciudades y condados, respaldada por varias naciones indias y cuenta con la potencia de fuego de una Fiscalía decidida a saldar cuentas. Acusan a las tres compañías de lucrarse hasta límites obscenos con la venta y distribución de unos calmantes que engancharon a millones de ciudadanos, desatanados ron una crisis de opiáceos como se conocía desde los días del crack, causando cientos de miles de muertos y laminando cientos de comunidades.
Hay precedentes para esta la demanda. Hace apenas un año uno de los gigantes farmacéuticos, Purdue Pharma, solicitaba la bancarrota para evitar la quiebra. Había sido demandado por más de 27 Estados y miles de ciudadanos, que le reclaman indemnizaciones millonarias en los tribunales. Los creadores del OxyContin anunciaron que habían alcanzado un acuerdo con más de «24 fiscales generales» y «funcionarios análogos de 5 territorios de Estados Unidos». El acuerdo está estimado en más de 10.000 millones de dólares, destiDespués a «abordar la crisis de los opioides» mediante la creación con todos los activos de la compañía de un fideicomiso «u otra entidad establecida en beneficio de los reclamantes».
Solo en 2017 se estima que murieron más de 47.000 estadounidenses por sobredosis de opiáceos, casi 200 al día. Otra farmacéutica, Jonnson & Johnson, fue sentenciada a pagar una indemnización al Estado de 465 millones de dólares. El Tribunal de Distrito del Condado de Cleveland responsabilizó a la compañía de contribuir a la crisis de opiáceos. La multa quedaba lejos de los 16.000 millones que pedían las acusaciones. La empresa fue condenada no solo por minimizar los efectos secundarios de sus productos, sino también por exagerar sus virtudes.
Ahora, en el condado de Cabell, los abogados de la acusación y los fiscales pedirán más de 500 millones de dólares en cheques. Las distribuidoras argumentan que ellas cumplieron escrupulosamente escrupulosamente la ley y que se limitaron a vender unos productos que contaban con todas las bendiciones de las agencias de regulación de los medicamentos. Argumentan que no son culpables de la falta de cuidado de los médicos que recetaron los opiáceos.