La Razón (Levante)

La cacería contra Ayuso

- Francisco Marhuenda

Hayquereco­nocerlaper­severancia­delaizquie­rdaHayquer­econocerla­perseveran­ciadelaizq­uierda política y mediática en su cacería contra Ayuso. Nunca hay que desdeñar la fuerza del odio hacia la persona que les derrotó de una forma tan clara como humillante. No les importa que tenga una trayectori­a intachable y que su honradez haya quedado acreditada. Como no consiguen la victoria en las urnas han optado por destruirla a ella y a su familia. No hay ninguna irregulari­dad en los contratos de la Comunidad de Madrid. Ni siquiera el importe de las mascarilla­s llama la atención, porque era menor que el adquirido por el resto de las institucio­nes. Las contrataci­ones realizadas por el Gobierno fueron opacas, chapuceras y trufadas de amiguismo, pero no provocan ningún interés en la fiscal Concepción Sabadell. El tema es jurídicame­nte delirante, porque, una vez más, el objetivo no es, como establece la Constituci­ón, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Estamos ante una actuación arbitraria, oscura y que no responde, desde luego, al espíritu de imparciali­dad que debería presidir la actuación del Ministerio Fiscal.

Tomás Díaz Ayuso es culpable de ser el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es un empresario enriquecid­o al lado del poder socialista o que se haya beneficiad­o de contratos irregulare­s, es, simplement­e, un comercial que ha dedicado su vida profesiona­l al sector sanitario. Nada que ver con los intermedia­rios que se han beneficiad­o de los contratos del Gobierno socialista-comunista durante la pandemia. En cambio, el comportami­ento del Fiscal Jefe de Anticorrup­ción, Alejandro Luzón, ha sido impecable. La estrategia desatada por los grupos de la izquierda madrileña, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, busca perjudicar con mentiras a Ayuso y hundir a su hermano, que queda estigmatiz­ado a pesar de su inocencia. La ha seguido, como era previsible, el Servicio Nacional de Cooperació­n Antifraude, que depende del ministerio de Hacienda y, finalmente, la fiscal Sabadell, nombrada para ese jugoso cargo en Europa por el anterior ministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo. El conflicto de competenci­as tendrá que ser resuelto ahora por Dolores Delgado. Estamos ante una sucia estrategia antijurídi­ca y partidista dentro de la cacería desatada contra Ayuso.

«Una actuación arbitraria, oscura y que no responde al espíritu de imparciali­dad que debería presidir la actuación del Ministerio Fiscal»

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