El juez declara secreta la causa por el espionaje
► El magistrado de la Audiencia Nacional ofrece a Pedro Sánchez y a Margarita Robles personarse
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decretó ayer el secreto de la investigación sobre el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. La Fiscalía había solicitado el miércoles que se ocultaran las indagaciones por lo sensible de la materia, así como que se ofreciese a los afectados la personación en el procedimiento. En su escrito el magistrado accede a ambas peticiones y declara la causa reservada por el plazo, al menos, de un mes.
El objetivo es «prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación», indica el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Analizar quién está detrás del «spyware» inyectado en los teléfonos de dos miembros del Gobierno es una tarea del todo complicada, incluso imposible indican algunas fuentes jurídicas, así que Calama busca evitar «interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar» las pesquisas. Además, a esto se añade que en el trascurso se puedan topar con información clasificada que pueda «comprometer gravemente la seguridad del Estado». Y, de ser así, lo mejor es tenerla bajo llave.
A partir de aquí y por el plazo de un mes -que puede ir prorrogándose de forma indeterminada-solo él y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, conocerán sobre esta materia. Ni siquiera la Abogacía del Estado que fue quien interpuso la denuncia el pasado lunes para velar por los intereses de Sánchez y Robles podrá saber nada de lo que se dirima. Solo se sabrá cuando lo acuerde el juez, quien igualmente puede archivar la causa sin haber levantado el secreto nunca.
El magistrado había señalado posibles delitos de revelación de secretos que, en principio, afectaban al Estado, pero el fiscal ha querido estirar al máximo las garantías del proceso y solicitó que
Pide la reserva de la investigación por un mes para preservar los posibles secretos de Estado que haya
Sánchez y Robles pudieran participar en el procedimiento de forma individual por si habían vistos vulnerados sus derechos con el espionaje. Con la intención de salvaguardar cualquier duda, indican fuentes jurídicas, el juez accedió a esta petición y dio ayer la posibilidad al presidente y a la ministra de que participen independientemente de que la Abogacía del Estado siga representando al Gobierno. Ahora ambos socialistas deberán contestar si les basta con los servicios jurídicos del Gobierno o si quieren intervenir personalmente en el caso.
Esta investigación judicial se conducirá en paralelo y de forma independiente a aquellas decisiones que adopte el propio Gobierno para aclarar la situación derivada del escándalo de espionaje a miembros del Ejecutivo y a líderes independentistas. En el escrito de apertura de la causa del propio Calama se conocieron los días exactos en los que Sánchez fue espiado: el 19 y el 31 de mayo de 2021. Es decir, escaso tiempo después de que se produjera una de las mayores crisis migratorias de Ceuta cuando llegaron desde Marruecos al rededor de 10.000 personas. Con el análisis que hizo el Centro Criptológico Nacional (CCN), que depende del CNI, del móvil de Robles no se consiguió una fecha exacta, pero se ubicó en un margen temporal parecido: junio de 2021.