Oltra exige el nivel C1 de valenciano a los funcionarios
La vicepresidenta planta cara a la consellera de Justicia, que plantea rebajar al B2 el título requerido a los empleados públicos
LaLa vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se mostró ayer contundente en su opinión acerca del nivel de valenciano que se les debe exigir a los funcionarios de la Generalitat valenciana. Después de que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, haya planteado esta semana rebajarlo al B2, Oltra defendió que «no hay que ir a empeorar» el nivel de valenciano que se exige actualmente al alto funcionariado de la Generalitat, sino por lo menos dejarlo como está».
Aunque se mostró convencida de que se llegará a un acuerdo antes del final de la legislatura, lo cierto es que su posición -y la del conseller de Educación, Vicent Marzà, también de Compromís- dista mucho de la que defiende la consellera consellera de Justicia y Función Pública, Gabriela Bravo (PSPV). «El C1 es el nivel adecuado, estamos hablando de titulados universitarios que han podido aprobar unas oposiciones y que estoy segura de que no tendrán ninguna dificultad en aprobar una prueba lingüística».
Por otro lado, y preguntada sobre las declaraciones del pasado jueves del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en las que llamó «tontos» a los usuarios que siguen en el mercado regulado de la luz, Oltra señaló que no sabe qué le produce más «angustia, si las palabras de Galán o las risas y la falta de reacciones posteriores».
La portavoz del Consell recordó que el 20 por ciento de los españoles que siguen en el mercado regulado son aquellas personas más vulnerables que necesitan permanecer con esta tarifa para accerder ayudas públicas. Por ello, afeó al presidente de Iberdrola que, precisamente él, «que gana 1.500 euros al minuto, pronuncie dichas palabras, además ante miembros de un Consell que se preocupa por las políticas sociales».
El espionaje es «muy grave»
Por otra parte, la vicepresidenta y portavoz del Consell calificó de «muy grave» el espionaje llevado a cabo sobre el Gobierno español y sobre los independentistas catalanes a través del software Pegasus, así como que no exista un control sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Preguntada sobre los casos de espionaje descubiertos esta semana sobre ministros y sobre políticos catalanes, Oltra exigió que haya expertos independientes que evaluen «los límites a los que se puede llegar».
Recordó que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental que no se puede socavar y que «si se espía a ministros, se puede espiar a cualquiera», lo cual calificó «de una gravedad extraordinaria».
Se mostró confiada en que «todo esto se vaya aclarando» y que desde el Gobierno de España «se implementen filtros de control».
Preguntada por si se ha llevado a cabo algún tipo de control sobre los teléfonos móviles del Consell para verificar que no estén siendo espiados, respondió que «no» se ha hecho.