La «Larga Marcha» de Sánchez
► El presidente del Gobierno ha esbozado las líneas generales económicas, que ha enviado a Bruselas, de una especie de «Larga Marcha» para estirar la legislatura hasta finales de 2023
MaoMao Zedong (18931976) accedió al liderazgo absoluto del Partido Comunista Chino tras la llamada «Larga Marcha». Durante 370 días, entre 1934 y 1935, un grupo inicial de unos 85.000 soldados y 15.000 militantes comunistas, recorrieron 12.500 kilómetros. Huían de sus enemigos, los japoneses y las tropas del general nacionalista Chiang Kai-Shek. Mao salió airoso de aquella peripecia, que tuvo un coste humano enorme, ya que de los 100.000 que iniciaron la «Larga Marcha», apenas la terminaron alrededor de 8.000. El resto, más del 90%, perecieron en el camino, algo que nunca le importó al cruel comunista que luego se hizo con todo el poder en China y no lo abandonó hasta su muerte, después de sumir al país en el terror y la miseria.
Pedro Sánchez afronta ahora, sin moverse del sitio, la Moncloa, una especie de «Larga Marcha», cuyo objetivo es llegar a finales de 2023 al frente del Gobierno y concurrir a unas elecciones que él está convencido que puede ganar. Las víctimas que pueda haber en ese largo camino, ya sea en sus filas o en las de sus socios o adversarios, no le quitan el sueño.
El inquilino de la Moncloa casi siempre ha aplicado la táctica Indiana Jones, que se resume en que «improviso sobre la marcha», que es lo que podría haber ocurrido ahora con el enredo del programa Pegasus y todas sus derivadas, incluidas las discrepancias entre los ministros Félix Bolaños, algo así como un «presidente adjunto» del Gobierno, en la práctica por encima del trío de vicepresidentas, y la titular de Defensa, Margarita Robles.
Sánchez, sin embargo, al margen de sus improvisaciones, tiene que atenerse –al menos en el terreno económico– a un guión que requiere el visto bueno de la Comisión Europea, que preside la alemana Ursula Von del Leyen. Ese guión acaba de volver a escribirlo, de actualizarlo, la «vice» Nadia Calviño y, en su letra pequeña, también aporta algunas de las claves de cómo pretende abordar esta «Larga Marcha» el inquilino de la Moncloa. Son, en total, 150 folios, en los que como en tantas otras ocasiones, los árboles ocultan el bosque. Requieren el visto bueno de Bruselas, que lo obtendrán con algunas condiciones, pero por ahora también permiten unos márgenes de maniobra generosos, que el Gobierno utilizará según las circunstancias. A pesar de todo, contienen revelaciones importantes. Algunas ya han sido desveladas, pero otras siguen escondidas en la letra o en los números pequeños. Además, hay asuntos que tendrán que ser modificados por velocidad con la que cambian las circunstancias. Por ejemplo, el Gobierno había previsto unos tipos de interés para el Bono a 10 años –uno de los principales instrumentos de endeudamiento– del 0,8% para este año, del 1% para 2023, y del 1,1% para 2024 y 2025. Pues, tras las advertencias de endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo, que preside Christine Lagarde, el Bono español a 10 años ya ronda el 2% –ha llegado a superarlo en algún momento– en los mercados secundarios. Para un país que tiene que pedir prestados todos los años más de 250.000 millones, ya sea para amortizar la deuda existente o para pedir nueva, uno o dos puntos de diferencia al alza es mucho dinero. El guión económico, hoja de ruta prefieren algunos, que debe seguir Sánchez también detalla que el gasto público en 2020 y 2021 rebasó, por primera vez, el 50% del PIB y todo indica que en 2022 volverá a hacerlo, lo que arrumba definitivamente la teoría de los radicales de izquierda del escaso gasto público español, que empieza a ser comparable al de los países europeos que dedican más dinero a ese capítulo.
Sánchez puede dar la sorpresa si cambian las condiciones, pero cada día tiene más claro que su objetivo es estirar la legislatura hasta finales de 2023. No lo ha escrito, pero el documento de «Actualización del programa de estabilidad» ofrece algunas pistas. Los funcionarios, por ejemplo, verán –han visto– cómo sus salarios crecían un 2%, pero en 2023, año electoral, podrían ligarse con la inflación, aunque todavía no esté claro cómo. Son cerca de tres millones de empleados –funcionarios y contratados– en el sector público, con sus respectivas familias y eso son muchos votos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, parece haberse olvidado de una reforma fiscal dura, entre otras cosas, porque habría que empezar a aplicarla en vísperas de las elecciones. A cambio, España sugiere a Bruselas que estudia reducir beneficios fiscales –desgravaciones–por valor de 35.000 millones. Por una vez es una medida ortodoxa que aliviaría al erario público y que en teoría no perjudicaría a Pedro Sánchez en su «Larga Marcha».
La reforma fiscal quedaría aparcada porque habría que aplicarla en vísperas electorales y los salarios de los funcionarios se ligarían a la inflación en 2023