El Govern ignora el 25% y planea más catalán en los centros

► Anuncia un plan en horario no lectivo y ERC exige a Junts la reforma lingüística en el Parlament

El Govern de Aragonès hace oídos sordos ante el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que da 15 días para ejecutar el 25% de castellano en todas las escuelas catalanas, con el 30 de mayo como fecha límite para terminar con el sistema monolingüe. El Ejecutivo intenta manejar los tiempos, pide a los profesores y directores que de momento no varíen sus proyectos lingüísticos –es decir, que no cumplan– y trata de acelerar el paraguas ideado para esquivar el fallo y que pasa por aumentar el catalán fuera del horario lectivo. «En las escuelas se hará más catalán después de la sentencia que antes de este ataque. Pondremos todos los esfuerzos en incrementar el su uso en todos los ámbitos de la escuela», avisan.

Eso sí, la Generalitat sigue sin aclarar del todo cómo responderá ante la justicia al margen de presentar un recurso de reposición contra el 25%, que en principio no suspende el plazo fijado por el tribunal. «Se les dará [a los profesores y directores de escuelas] las herramientas necesarias para trabajar con la libertad que necesita el profesorado y con la tranquilidad de que es el Departamento de Educación el responsable jurídico para asumir la responsabilidad última», repiten en el Govern sobre la orden que han trasladado en público: emplazar a los centros a continuar trabajando de la misma manera, sin ningún cambio pese al ultimátum judicial para aplicar ya el 25% de castellano.

Su respuesta pasa por dos vías: por el mencionado «plan de choque» para aumentar el uso del catalán fuera del horario lectivo del que poco más se sabe –«la presencia del catalán no es solo durante las horas lectivas, también hay que fijarse en los espacios compartidos y de ocio, como el recreo, el comedor o las extraescolares», advirtió ayer la portavoz del Govern–, y por im cambio en la normativa lingüística vigente, embarrancado en el Parlament.

La Generalitat se refiere a la reforma de la ley de Política Lingüística de 1998 que ERC, PSC, Comunes y Junts pactaron y que sigue paralizada en la cámara por los recelos de los posconvergentes. En concreto, el pacto flexibiliza la inmersión en función de la realidad sociolingüística de cada centro y otorga al español categoría de lengua de «aprendizaje», pese a seguir blindando el catalán sin fijar porcentajes como ordena la justicia. Concesiones suficientes para que los sectores más radicales del independentismo boicoteen el pacto.

Y en el Parlament, ERC urge a Junts a sumarse y aprobar de una vez la reforma pactada a finales de marzo: la portavoz republicana Marta Vilalta explicó que está en contacto con el resto de formaciones para poder desencallar esa modificación legislativa «lo más pronto posible»: «Si no es en este mismo pleno, lo antes posible, o si no que sea el siguiente. Ahora sabemos que hay un límite de 15 días y no podemos dilatar más». Y Esquerra no se ahorra críticas hacia los posconvergentes: «La lengua catalana no puede esperar a que en Junts se pongan de acuerdo entre ellos. Sería irresponsable».

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe celebra el fallo del TSJC y vigilará de cerca su cumplimiento: la entidad dirigirá una carta a los centros informando del contenido de la decisión judicial y de las «consecuencias negativas» que pueden acarrear para ellos si no cumplen con el mandato que les llegue, eventualmente, de la Conselleria. También avisan que explorarán las opciones legales a su alcance si observan que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, incurre en situaciones de desobediencia (si no responde a la orden del TSJC) o de prevaricación (si su respuesta va en contra de la sentencia).