Sortu exige excarcelar a etarras por la «doctrina Atristain»

► Pide al Gobierno que aplique el fallo del TEDH y anuncia que planteará «una batalla jurídica»

La izquierda abertzale está dispuesta a dar «la batalla jurídica y política» para que la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no haber permitido al etarra Xabier Atristain designar un abogado de su confianza –en su declaración policial cuando estaba en régimen de incomunicación– se extienda a otros miembros de la banda terrorista en prisión. Como era de esperar, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, exigió ayer al Gobierno en San Sebastián la excarcelación de los presos de la banda que, según él, «han visto conculcados sus derechos», informa Efe. «En este país ha habido miles de Xabier Atristain», denunció el dirigente de Sortu.

Aunque aún está por ver el alcance que pueda tener esa condena de Estrasburgo, de momento esa «doctrina Atristain» –que el entorno de los presos de ETA quiere convertir en un remedo de la «doctrina Parot» (que en 2006 supuso la excarcelación de decenas de etarras al establecer el Supremo un nuevo cómputo de las redenciones de condena)– ya la ha enarbolado ante el Tribunal Supremo la última jefa de ETA, Iratxe Sorzabal, tal y como informó ayer LA RAZÓN.

Lejos de esa aplicación automática de la sentencia del «caso Atristain» que reclama Sortu, los efectos jurídicos de esa sentencia del TEDH vienen limitados, en primer lugar, por el plazo de cuatro meses para acudir a Estrasburgo desde que se agota la vía jurisdiccional en España. Pero, sobre todo, las fuentes jurídicas consultadas señalan señalan que en cualquier caso los etarras que pretendan hacerla valer ante el TEDH tienen que haber incluido esa misma alegación (la vulneración del derecho de defensa al no haber podido elegir a un abogado de confianza cuando estaban en régimen de incomunicación y tenían que declarar ante la Policía) al recurrir sus condenas.

Pero lejos de esos límites procesales, Sortu reclama al Gobierno que ponga en la calle a los presos etarras que tampoco pudieron ser asistidos por un abogado de su elección cuando se encontraban en régimen de incomunicación. Sin esperar siquiera a que los terroristas recurran ante la Justicia. «No sería ni justo ni razonable ni equitativo que se obligara a todos estos Xabier Atristain a tener que acudir uno a uno a Europa en busca de Justicia», aseguró Arkaitz Rodríguez en la comparecencia, en la que estuvo acompañado del propio Atristain (a quien el Estado deberá indemnizar ahora con 12.000 euros por daños morales y con otros ocho mil por los gastos de su defensa) y de su abogado, Zigor Reizabal. De ahí que el dirigente de Sortu defienda una aplicación «sistemática y generalizada» de la «doctrina Atristain».

A la espera de lo que decida el Tribunal Supremo respecto a la condena a Iratxe Sorzabal –24 años de cárcel por dos atentados con coche-bomba en Gijón (contra el Palacio de Justicia y junto a una farmacia) en 1996–, la AVT ha defendido –en su oposición al recurso de la exjefa de ETA– la necesariedad de impedir en ocasiones a los etarras detenidos ser asistidos por un abogado de su confianza. Y lo ha hecho esgrimiendo la sentencia de «Halboka», el frente jurídico de ETA, que condenó a cuatro abogados de la red de apoyo a los presos de la banda terrorista por hacer de enlace entre la dirección de ETA y los etarras detenidos.

Estrasburgo censuró que el etarra no pudiera elegir abogado cuando estaba incomunicado

detenidos. Y es que al margen de su defensa jurídica –insistía el tribunal– se encargaban de mantener «la vinculación de los mismos con la dirección de la organización terrorista», transmitiéndoles las directrices de la banda.

Pero limitar ese derecho, recalcaba el TEDH, es necesario precisar de forma individual las razones pertinenentes y suficientes que justifican la medida. Algo que a su entender no se hizo en el caso de Atristain, pues la incomunicación se mantuvo con argumentos genéricos (como la gravedad de los delitos investigados).

Con ese asidero judicial, Sortu quiere «que se cumpla la sentencia y que se cumpla la ley» y que «se revisen y se reparen –en palabras de Arkaitz Rodríguez– esas decenas y decenas de casos análogos» que, según su criterio, se encuentran en la misma situación que Atristain. Y para ello, dejó claro que el Gobierno «está obligado» a hacer «lo que en su día se hizo con la doctrina Parot» (olvidando que en ese caso fueron los tribunales los que ordenaron la puesta en libertad de los presos tras aplicar el nuevo cómputo de los beneficios penitenciarios establecido por el Supremo).