Ovación de diez minutos en el CNI a Paz Esteban
► En el organismo apuntan a un mal uso del teléfono personal para temas oficiales
Los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) despidieron a Paz Esteban con una larguísima ovación, hablan de hasta 10 minutos en pie, justo antes de que se ejecutase su cese. Ocurrió el viernes pasado en el CNI, con motivo del veinte aniversario del Centro. Un acto al que estaba previsto que asistiese el Rey Felipe VI, pero Su Majestad no acudió, finalmente, por la polémica en la que se ha visto envuelto el organismo en estas últimas semanas.
Esta cerrada ovación es una señal de lo que tiene que gestionar la nueva responsable de los servicios de inteligencia, Esperanza Casteleiro, que ayer, en presencia de su antecesora, tomó posesión de su cargo.
La crisis sigue teniendo muchas preguntas por responder, algunas de las cuales las señalan desde dentro del Centro. ¿Qué le robaron al presidente del Gobierno? ¿Es libre ante Marruecos? ¿Qué teléfono del presidente se infectó? ¿El privado o el particular?
El particular no es competencia del CNI, advierten también desde las «tripas» del organismo de inteligencia, insinuando que el fallo de seguridad está en Moncloa. «Tener material reservado en un teléfono privado es delito».
Éstas preguntas sobrevuelan en un enrarecido clima político mientras la nueva responsable de los servicios de inteligencia habla de una nueva etapa en el CNI y apunta a una «nueva orientación para asegurar las comunicaciones».
Ahí está el nuevo giro del discurso político oficial para apagar este fuego. Ahora han puesto a rodar el argumento de que el problema viene de que los protocolos de seguridad no están adaptados a las nuevas amenazas, y que el «caso Pegasus» ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizarlos y renovarlos. Los técnicos replican que la actualización es permanente y continua.
Pero Moncloa busca refugio en el anuncio de esta reforma de los protocolos para poner sordina a las acusaciones de que ha utilizado el hackeo a los dispositivos del presidente y de varios ministros para entregar al independentismo la cabeza de la directora del CNI. La toma de posesión de su nueva responsable sirvió de marco para que siguiera rodando esta idea de que el relevo de Paz Esteban exige, a la vez, un nuevo protocolo de seguridad para los teléfonos de los miembros del Gobierno.
En el CNI mantienen, sin embargo, la misma defensa que utilizó la ministra Margarita Robles en el Congreso de los Diputados antes de que el presidente del Gobierno forzara la destitución de Paz Esteban. «Repasen ustedes la normativa», indicó entonces la ministra, de lo que, entre líneas, se dedujo que había que mirar en Moncloa y no en el CNI.
El relato oficial está lleno de agujeros, pero lo más grave es que los tienen marcados en rojo dentro del organismo de inteligencia. Es decir, entre los problemas del Gobierno está la urgencia de que sea capaz de convencer a los funcionarios de los que depende la seguridad nacional y la integridad territorial de que no hay nada oculto detrás de la gestión de esta crisis.
Porque en el CNI se escucha decir que el Gobierno «miente» al justificar la salida de Esteban por los fallos de seguridad que permitieron el pinchazo del teléfono del presidente y de otros dos ministros. No entienden tampoco por qué si el fallo es tan grave, no se la cesó al momento y hasta se la obligó a comparecer ante la comisión de secretos oficiales en nombre del mismo Ejecutivo para quien ya no era una persona de confianza.
En el Centro consideran una «humillación» que su trabajo para garantizar la estabilidad de España y frenar el golpe independentista del 1-0 haya tenido como pago esta utilización partidista de su «sacrificio». Y la entrevista de Oriol Junqueras en El País, justo el mismo día en el que se hacía oficial el cese de Paz Esteban, es vista como «una puñalada por la espalda», ejecutada por el mismo Gobierno al que tienen que dar cuenta de su trabajo.
En el CNI también se preguntan por qué el Gobierno no tomó medidas en junio de 2020, cuando se supo que el teléfono de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, había sido hackeado. Ni entienden que en medio de esta crisis, el Ejecutivo no haya trasladado el mensaje de que ha pedido explicaciones a Marruecos sobre su presunta implicación en el robo de información al Gobierno de España. La directora del CNI deja el cargo llevándose respuestas para la mayoría de estas preguntas. Como también las tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Por último, en el CNI están tranquilos ante el debate sobre la desclasificación de documentos. «Los únicos que pueden salir mal parados son los socios del Gobierno porque el material justifica que hayan estado bajo vigilancia».
De la misma manera que también consideran una «maniobra de distracción» que se hable de una reforma de los protocolos cuando «los terminales están ya sujeros a revisiones periódicas y actualizadas en busca de rastros de injerencias externas».