La ley del aborto ahonda la división en el Gobierno
► Igualdad pugnará por dar luz verde al texto a pesar de las reticencias del resto de los ministerios afectados
No hay consenso. Aunque el Ministerio de Igualdad mantiene su intención de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros la futura ley del aborto, esta no afecta solo a la cartera de Sanidad, como ha dado a entender la titular de Igualdad, Irene Montero, –asegurando que era el ministerio «coproponente»–, sino que algunos flecos que van en el mismo «paquete» tendrán un impacto directo en áreas como Seguridad Social, Trabajo o Justicia. Sin embargo, han sido solo los ministros socialistas quienes se han mostrado más reticentes con la propuesta de Montero, evidenciando que es el nuevo asunto que enfrenta al Gobierno de coalición.
La nueva ley contempla, entre otros asuntos, el aborto sin consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años, el «IVA cero» en los productos de higiene menstrual o la baja laboral de entre tres y cinco días por reglas muy dolorosas.
En este sentido, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguró que el Gobierno «no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres». «Permítanme que se lo repita con toda claridad, este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres», reiteró Calviño. Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Trabajo, Yolanda Díaz, mostró su apoyo a su compañera de partido y se enfrentó claramente con Calviño al corregir que «lo que estigmatiza» a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, sino «no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro». Díaz señaló, además, la importancia de hacer «política laboral de género».
Este asunto de las bajas laborales por este motivo también ha generado suspicacias en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. El titular de la cartera, José Luis Escrivá, afirmó ayer que es una medida aún está «en discusión» dentro del Gobierno de coalición. «Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo», señaló a los periodistas, según recogió Efe. El departamento de Escrivá
Aseguran que el IVA cero en los productos de higiene menstrual tendrían un coste de 30 millones al año
tiene también sobre la mesa la propuesta de que las mujeres puedan acceder a un permiso retribuido desde la semana 36 hasta el parto y las bajas en caso de aborto. Está asimismo en el aire la idea de un IVA cero para compresas, tampones y pañales. El acuerdo de coalición de gobierno entre el PSOE y Podemos hablaba de situarlo en el tipo reducido del 4 % y Hacienda guarda silencio al respecto.
Por su parte, el Ministerio de Justicia está examinando otras propuestas, como las medidas diseñadas para luchar contra la gestación subrogada, prohibida en España pero que en otros países es legal. Igualdad planteó en su borrador que los tribunales españoles puedan perseguir judicialmente a quien recurra a los vientres de alquiler en el extranjero y también prohibir la publicidad de las agencias que actúan como intermediarias.
Fuentes del departamento que encabeza Pilar Llop indicaron a Efe que están estudiando el texto y haciendo comentarios, pero han evitado entrar en el fondo del asunto.
A pesar de todos estos escollos, fuentes de Igualdad destacan que la norma se ha trabajado con Sanidad y siguen optimistas en esta última fase de la negociación con los otros departamentos implicados para que el anteproyecto llegue el martes al Consejo de Ministros.
A su juicio, es normal que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se muestre reticente ante algunas de las medidas planteadas, como las bajas para reglas dolorosas, porque «los avances en materia de igualdad cuestan».
Según sus cálculos, la propuesta del IVA cero tendrían un coste asumible para el Estado de 30 millones de euros al año.
Pero todas estas iniciativas se han ido añadiendo a lo que era el objetivo primero de la reforma de la ley del aborto: acabar con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, un requisito que incluyó el PP en el año 2015 en la ley de plazos que aprobó en 2010 el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero..