No es el Tribunal de la UE
EsEs lo primero que hay que aclarar. El Tri- bunal de Estrasbur- go no es el Tribunal de nuestra Unión Europea. La instancia judicial máxima de la UE es el Tribunal de Luxemburgo. Estrasburgo es un tribunal de derechos humanos, integrado por una amplísima panoplia de países con raíces tan ajenas a nuestra cultura como Azerbayán o Armenia. Para que el lector se haga una idea, aspiran a entrar Bielorrusia y Kazajastán y Rusia fue expulsada. Tienen calidad de miembros observadores Canadá y EE UU (que mantiene la pena de muerte), Israel (que levanta polémicos muros) o Japón (bien alejado de nuestro concepto antropológico). Son tantas las sentencias y tan dependientes de la orientación ideológica de los jueces que van integrando los jurados, que todo depende de quien te toque. El organismo se contradice en ocasiones.
Recuerdo el caso de Soile Lautsi, una italiana, de origen finlandés, que demandó al colegio público de sus hijos por poner un crucifijo en las aulas. Como la escuela desechó su queja y el juez no la apoyó, Lautsi fue elevando pleitos hasta agotar todos los niveles judiciales italianos. Fue muy famoso el caso, porque el alcalde comunista de Venecia, Massimo Cacciari, dijo que, aunque era ateo, estaba orgulloso de pertenecer a la tradición de un hombre que murió ejecutado bárbaramente por defender a los pobres y miserables. La dama se fue a Estrasburgo y el tribunal le dio la razón en 2010, argumentando cuestiones relativas a las libertades de conciencia. Nadie hizo caso en Italia, siguieron con sus clases y sus cruces y el Estado apeló. En 2021, con un jurado diferente, el tribunal sentenció lo contrario, advirtiendo que el Estado italiano era libre, que las tradiciones son respetables y no estaba claro que los niños de la finlandesa fuesen a convertirse por ver un crucifijo en la pared.
No estoy poniendo en duda que el Tribunal de Estrasburgo no forme parte de los diques internacionales de defensa contra las injusticias, tampoco que no haya tenido que liberarse a Xabier Atristain (el fallo es firme), pero me hago eco de los prestigiosos juristas que señalan que la sentencia no se puede generalizar, como pretende el entorno abertzale. Estrasburgo es el agua al que llegan todos los lodos de todos los colores. Adivinen adónde han llevado su caso Turull, Rull o Cuixart tras su condena.
Nuestro país ha suscrito el convenio internacional y ha de acatar sus sentencias, pero desde 2015 y tras el desastre de la «doctrina Parot», que obligó a excarcelar a numerosos etarras, creó jurisprudencia precisando que las peticiones de revisión de un caso ante los tribunales españoles sólo se concederían tras sentencia concreta del tribunal de la capital alsaciana, de manera que no valdría sin más una extrapolación general.
Las víctimas están alarmadas. Tienen razón. Alrededor de cien etarras saldrían, más de la mitad de los que quedan. La «doctrina Atristain» pretende establecer que la prisión incomunicada de cinco días que se aplicaba en los años de plomo vulneró los derechos humanos, pero ni mucho menos es así. Son muchas las legislaciones antiterroristas que la contemplan. Aún en esas circunstancias, el sospechoso tienen derecho a abogado de oficio. Atristain no fue maltratado y fue diariamente examinado por un médico, como él reconoció y recoge la sentencia: «Al parecer no hubo malos tratos, aunque le dijo ala médico que los agentes habían amenazado con arrestar a su novia». Espero que en este caso no se impongan los trapicheos políticos para agradar a los socios nacionalistas del Gobierno.