Las sentencias judiciales se cumplen

La Consejería de Educación de Cataluña admite, tras dos años de una resistencia digna de mejor causa, que tendrá que cumplir la sentencia del 25 por ciento de castellano en las aulas y se dispone a cursar, como es preceptivo, la correspondiente instrucción a los directores de los centros escolares. Como es habitual, las dos principales formaciones nacionalistas tratan de cargarse unas a otras la culpa de lo que consideran, erróneamente, un fracaso. Pero no hay tal. Simplemente, las sentencias de los tribunales hay que cumplirlas. Más aún, cuando respaldan objetivamente derechos fundamentales, consagrados en la Constitución. Se quejan en la Generalitat de que el uso del catalán en la escuela, fuera de las aulas, no deja de reducirse. Pero equivocan el diagnóstico. Hay otros muchos factores, como el envejecimiento de las poblaciones en las zonas catalanoparlantes, que lo explican.