Ultimátum a Junts: ERC aprobará con el PSC la reforma para el 25%
► Forzará con socialistas y Podemos el pacto para tratar de esquivar la orden
Sigue la guerra independentista por la respuesta al 25% de castellano en las aulas, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordena aplicar como máximo el 30 de mayo. Esquerra ha lanzado un ultimátum a sus socios de Junts, que tienen hasta hoy para sumarse a la reforma lingüística pactada pese a desdeñarla y rechazarla varias veces, la última ayer por la tarde. Sea como fuere, con o sin el partido de Puigdemont –que parece decidido a desmarcarse del todo– los republicanos impulsarán el cambio legal para tratar de sortear el 25% con socialistas y morados en el Parlament.
Ante el dilema de ERC de aprobar la respuesta al 25% sin el independentismo y con los dos partidos que conforman el Gobierno de Pedro Sánchez (PSC y los Comunes, la facción que cobija a Podemos en Cataluña), los republicanos han buscado la vía intermedia y aún defienden que el objetivo es «rehacer» el consenso y volver a atraer a los posconvergentes al acuerdo. Eso sí, el tiempo se agota para que Junts presente una propuesta alternativa y los posconvergentes no parecen nada dispuestos: el consenso para aprobar la norma «difícilmente llegará en 24 horas», aseguraban ayer a última hora.
En caso de no hacerlo, ERC, PSC y Comunes pedirán una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces hoy mismo o mañana a mucho tardar en el Parlament con la finalidad de incluir otro punto del orden del día del pleno de la semana que viene para poder aprobar la reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 y así tratar de sortear el 25% de castellano. Es decir, impulsarán el pacto sí o sí, tanto si Junts se suma como si no, ya que las tres formaciones alcanzan mayoría absoluta en la cámara.
La reforma parlamentaria ideada para intentar esquivar la sentencia del 25% flexibiliza la inmersión inmersión en función de la realidad sociolingüística de cada centro y otorga al español categoría de lengua de «aprendizaje» pese a seguir blindando el catalán sin fijar porcentajes de uso como ordena la justicia. Concesiones más que suficientes para que la parte más radical del independentismo –la CUP y Plataforma per la Llengua, por ejemplo, que han propiciado el desmarque de Junts– boicotee el cambio legal.
En paralelo al convulso escenario en el Parlament, el Govern de Pere Aragonès prepara su propia ofensiva y anunció ayer que trabaja en un decreto que también quiere usar para dar respuesta a la sentencia del 25%. Poco o nada avanzó el Ejecutivo más allá de explicar que se trata de una medida urgente y a contrarreloj que debe estar lista en los «próximos días» y que debe servir para «blindar» a los directores de centros y a los profesores, un extremo que pide Junts. La portavoz, Patrícia Plaja, remarcó que la intención es ofrecer «protección y seguridad» a los centros y que toda la asunción de responsabilidades jurídicas sea asumida por parte del Departamento de Educación –en manos de Esquerra con Josep González Cambray– y el Govern.
Por si fuera poco, la Generalitat presentó ayer un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de ejecución de la sentencia que fija un 25% de castellano en la escuela catalana.
El Govern prepara un decreto para blindar a los centros y ha recurrido el plazo de 15 días
El recurso pide suspender los efectos del auto hasta que se resuelva el recurso por los «graves perjuicios que puede suponer a toda la comunidad educativa» aplicar esta orden. Para la Generalitat, tener que aplicar esta sentencia a pocos días de finalizar el curso escolar «sería una medida totalmente contraproducente para alumnos y profesores, que alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas», alega en el recurso presentado ante los tribunales en un intento a la desesperada para tratar de ganar tiempo.
También argumenta que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que pidió la aplicación de la sentencia, «no tiene la legitimidad» para participar en la causa pese a que la justicia sí la reconoce como tal. Así consta en el auto del propio TSJC que fija los 15 días de plazo para la ejecución del 25% y que acaba a final de mes.