Los funcionarios de prisiones vascos recurren a la Justicia
► Urkullu se enfrenta al primer escollo tras el traspaso de competencias
Los tribunales del País Vasco y los de Madrid estudian ya dos demandas que unos 50 funcionarios de prisiones han interpuesto contra la forma de proceder del Ejecutivo de Íñigo Urkullu tras el traspaso de competencias de las cárceles. No están de acuerdo en que haya diferencias entre los trabajadores que ya estaban en Euskadi y los que acaban de llegar para quedarse. Se quejan de menos vacaciones y diferente salario, mientras el incendio provocado amenaza con llevarse por delante a algunos de los encargados de las negociaciones.
El Gobierno vasco tiene desde el pasado 1 de octubre la responsabilidad de adaptar todo un plan para que las tres prisiones en su territorio que se quedan bajo su tutela. Esto incluye todo lo relativo a los presos y también lo relacionado a los funcionarios y es aquí donde están empezando a producirse los primeros problemas.
De los 619 trabajadores repartidos en las tres cárceles, según los datos de los sindicatos, hubo unos 70 últimos que se incorporaron en el último concurso. Estos, que se incorporaron en febrero, lamentan que al llegar se han sentido decepcionados. «Han sido engañados, decidieron sin saber que mermarían sus derechos, acudir a los centros penitenciarios vascos», explica una misiva de los trabajadores.
Unos cincuenta se han unido para recurrir ante lo Contencioso-administrativo esta «discriminación» que entienden que se está produciendo en las cárceles. Han interpuesto una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra el ejecutivo de Urkullu y otra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque aunque el asunto ya no es competencia de Instituciones Penitenciarias creen que su responsable, Ángel Ortiz, los ha dejado a los pies de los caballos y que la responsabilidad también debe extenderse. Además, han remitido cartas a los tres directores de las prisiones para pedir igualdad de condiciones.
Lo que sucede es que los funcionarios de prisiones que tradicionalmente trabajan en el territorio originario de la banda terrorista ETA tenían otras condiciones. Un plus de peligrosidad en el salario y más días de
Han presentado demandas en los tribunales de País Vasco y Madrid por sus condiciones
descanso que correspondían a tiempo para su recuperación psicología ante la presión que en su momento se consideraba que tenían. La Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que se ha echo cargo de las prisiones acordó con los sindicatos que estas condiciones se mantuvieran durante dos años hasta que negociaran cómo iba a hacerse, de forma burocrática, todo el traspaso. Sin embargo, los recién incorporados no entran en este trato y mantienen las condiciones de origen: menos dinero y menos días de libranza. Se quejan, según los trabajadores consultados, de que por ejemplo no están incluidos en un plan de pensiones que sus compañeros sí tienen. «Se entienden vulnerados gravemente los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios aquí representados por la actuación discriminatoria de la dirección de la administración de justicia del gobierno Vasco”, indica la demanda a la que este periódico ha tenido acceso. Fuente de la Consejería señalan que no es lógico que las nuevas incorporaciones adquieran unas condiciones que se daban cuando la banda terrorista todavía actuaba. Una vez extinto el peligro ya no tiene sentido mantener este pequeño privilegio.