El despliegue del 5G, en riesgo si se impone una ley discriminatoria
Restringir la participación de un actor clave podría aumentar el coste hasta los 292 millones al año, recuerda Huawei
Huawei reclama que el Gobierno aplique la Ley de Ciberseguridad 5G de forma «objetiva, no discriminatoria y proporcional». Así lo señaló Gonzalo Erro, director de ciberseguridad de Huawei en España, ante un grupo de medios españoles que acudieron al Centro de Ciberseguridad de la empresa empresa en Bruselas, entre los que se encontraba LA RAZÓN. La normativa, aprobada por real decreto el pasado 29 de marzo, contempla la exclusión de los proveedores de «alto riesgo» del despliegue de las redes de 5G en España. Aunque la publicación del listado con estos proveedores aún no se ha producido –se da un plazo de tres meses desde la aprobación de la ley–, los tres grandes operadores en España, han dejado de lado a la firma china en su elección para extender esta tecnología.
La multinacional no ha sido elegida por los operadores para el despliegue de partes como el core, pese a que el Gobierno de España siempre ha defendido el protagonismo que debe tener la tecnológica en este proceso. Hasta el momento, la compañía siempre ha cumplido con todos los estándares de seguridad necesarios y no ha sido calificada como proveedor de alto riesgo, pero el efecto del veto a Huawei en Estados Unidos se ha extendido a Europa. Las ondas de este seísmo han llegado a España con la ley de 5G, donde las ‘telecos’ han tomado sus decisiones motivadas por la incertidumbre sobre el futuro jurídico de Huawei. La multinacional afirma que no dejará de invertir en España, donde lleva más de 20 años colaborando con los operadores, pero alerta sobre los riesgos de que la nueva normativa vete a Huawei en base a miedos infundados.
«España no puede retrasarse con respecto al despliegue del 5G porque perdería competitividad respecto a sus vecinos europeos», advirtió Erro. La protección de la seguridad nacional puede justificar casi todo, incluido un mecanismo de vetos a proveedores. El problema llega cuando este se extiende más allá de casos excepcionales. La pérdida de competitividad y de capacidad innovadora, el retraso en el despliegue del 5G y el encarecimiento de este proceso serían las principales consecuencias de esta decisión, señaló Koen Claesen, asesor sénior de ciberseguridad de Huawei. En concreto, «restringir la participación de un actor clave podría aumentar el coste del despliegue de la red 5G hasta los 292 millones al año (19% de los costes de referencia) y reducir el PIB español en el horizonte de 2035 en 3.700 millones», recoge un estudio de Oxford Economics.
La nueva legislación tiene el objetivo de crear un marco seguro para el despliegue de esta tecnología dados sus riesgos específicos.
La posible restricción a un proveedor como Huawei haría que España perdiese competitividad
específicos. Para lograrlo, la Ley de Ciberseguridad 5G establece que los operadores tendrán que implantar una estrategia de diversificación de proveedores para minimizar los riesgos con, al menos, dos por red. Pero el cumplimiento de este punto topa con una barrera: la lista de proveedores es ya de por sí reducida y puede verse mermada por la propia normativa. Si alguno de los proveedores entra en la lista de alto riesgo podría ponerse en peligro el despliegue de 5G.
La firma ha sido tachada de ser una puerta trasera del gobierno chino, una acusación que no se ha podido demostrar y que Huawei quiso desmentir expresamente durante el encuentro en Bruselas. La compañía cuenta con 200.000 trabajadores, de los cuales 131.507 son accionistas de la marca, lo que le permite no depender de gobiernos o inversores externos y da a sus trabajadores el poder de elegir a los altos cargos. «Creemos que nuestros deberes están hechos», defendió Erro respecto a una posible entrada en la lista negra de proveedores. Esta incógnita se resolverá a finales de junio y en septiembre se aprobará el primer Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G.