Alarmante nudo corredizo sobre la economía
LaLa economía española presenta unas preocupantes características, fundamentalmente centradas en el hecho simultáneo de: un creciente porcentaje del endeudamiento del sector público; una caída clarísima del crecimiento económico; un auge preocupante de las tasas inflacionistas; y un fuerte porcentaje –el mayor del conjunto de los países occidentales– en la tasa de desempleo. Todo eso muestra un siniestro panorama y, al no contemplarse eficacia en la política económica practicada, elimina esperanzas. Y, conforme pasan los meses, aparece otro doble proceso golpeando nuestro desarrollo, gracias a la Covid-19 y a las decisiones de Putin, creando, en torno a nuestra economía, lo que puede calificarse como nudo corredizo capaz de estrangularnos.
Indiquemos el camino a seguir. Asusta el contemplar una política presupuestaria que acentúa una de las fuentes que generan esa triste realidad. En primer lugar, un considerable aumento del déficit de sector público, creciendo la alarma cuando vemos que el Poder Legislativo –a través de la política presupuestaria–, y el Poder Ejecutivo –con sus presiones sobre el Tribunal de Cuentas–, intentan sobre todo en el ámbito de Cataluña, que no exista posibilidad sería de control, generando lógica alarma, señalada, con claridad, recientemente por el Gobernador del Banco de España.
Da la impresión de que el Gobierno, para frenar la situación deficitaria, puede iniciar una política fiscal de incremento de los ingresos. Pero, conviene tener en cuenta el estudio reciente publicado en octubre de 2019 por el Instituto de Estudios Económicos, titulado Índice de Competitividad Fiscal 2019, que avisaba, ya, a partir de diciembre de ese año, del riesgo derivado del incremento impositivo. ¿Qué contemplábamos entonces? Pues que, a través de un indicador relativo de presión fiscal normativa para los países de la Unión Europea –tomando como base 100, para el promedio de la UE–, vemos que «España, según este indicador, arroja una presión fiscal normativa del 108,1%», lo que supone que nuestra presión fiscal normativa es un 8 1% superior a la de la UE. Pero es todavía más preocupante que la presión fiscal normativa derivada del Impuesto sobre Sociedades en España «es del orden de un 16% superior a la media de la UE», y eso genera frenos a la inversión empresarial.
Alarma no observar otro tipo de reacción, por parte del Gobierno, más que la búsqueda del incremento impositivo, en todos los ámbitos: desde el Presupuesto General del Estado, al caso concreto de la Seguridad Social, así como a la realidad autonómica y a la referida falta de vigilancia durísima por parte del Tribunal de Cuentas, como se está viendo en el caso de Cataluña. La raíz de esta cuestión se encuentra en un débil desarrollo económico, impulsado por el gasto público y por medidas crecientes que, incluso, afectan al Derecho de Propiedad.
Déficit, incrementos impositivos e intervencionismo frenan, forzosamente, procesos de innovación y actuaciones clave para el desarrollo económico. Observemos los datos del índice de Derechos de Propiedad, en el conjunto mundial. Según el International Property Rights Index 2019, en el conjunto mundial, el adecuado enlace de todas estas cuestiones, lo encontramos en Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda y Singapur. España está en el puesto 36, entre Lituania y Chipre; Estados Unidos, en el puesto 12; Alemania en el 17; Francia en el 21 y Portugal en el 27. Solo podemos ufanarnos de superar claramente a Italia que está en el puesto 46. Para ambas naciones ¿no les convendría meditar con los discursos desarrollados en noviembre de 1997, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por Romano Prodi y Enrique Fuentes Quintana, bajo el título de Los países mediterráneos y la UE?
La única solución visible a corto plazo es la reducción del gasto público, aunque suponga el abandono de la cobertura de necesidades que resulta muy difícil imaginar, sobre todo cuando el poder político está en manos, en parte notable, de planteamientos populistas. Y, por supuesto, contemplar, no precisamente lo que hace Italia, sino el cambio radical existente en un país que sistemáticamente se encontraba con un PIB por habitante menor que España. Me refiero a Irlanda, que da la impresión de haber manejado sabiamente su política exterior, beneficiándose, así, de lo que se deriva de una actuación racional en el actual mundo globalizado.
Lo alarmante es que, lo que se acaba de señalar, lo sostienen, en el mundo, solo los profesores de economía, y lo aceptan los gobernantes de los países más prósperos.
Yendo al caso concreto de España, el posible cambio político –que se adivina tras las elecciones en Andalucía– podría eliminar ese nudo corredizo, que cada vez nos ahoga más. Ése es el deseo indicado por Núñez Feijóo, el de iniciar un nuevo planteamiento para nuestra política económica.