Colombia vota con la paz fragilizada
► Seis años después del pacto con las FARC, el país regresa a las urnas con el ex guerrillero Gustavo Petro como claro favorito. La izquierda nunca ha gobernado a nivel nacional
ColombiaColombia celebra hoy la primera vuelta de las elecciones presidenciales sin haber resuelto sus problemas de violencia y con un exguerrillero y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, como claro favorito. La izquierda nunca ha gobernado en Colombia a nivel nacional. Tan solo desde el 1 de enero se han registrado 75 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos y de 20 ex combatientes de las FARC firmantes del acuerdo de paz de 2016. A ellos hay que sumar casi 300 desmovilizados asesinados en los últimos cuatro años.
La paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC duró poco. El acuerdo puso fin a más de 50 años de un conflicto que dejó más de 260.000 muertos y seis millones de desplazados. El acuerdo incluye un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una Comisión de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la implementación de mecanismos para su cumplimiento.
Su primer efecto fue positivo. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, una institución creada para la atención, asistencia y reparación
ELN, paramilitares y narcos luchan por el control de las zonas abandonadas por las FARC
de las víctimas, indica que 189.103 familias regresaron a sus hogares, el 18% de la población.
La violencia ha disminuido. En total, 9.189.839 personas integran el Registro Único de Víctimas (RUV). Al menos 7.300 personas han recibido atención psicosocial en el Centro Regional de Atención Integral a Víctimas (CRAV). Y se han entregado miles de indemnizaciones y giros de atención humanitaria. Pero las grietas se han impuesto. El Ejército de Libertación Nacional (ELN) se mantiene activo e inició una lucha por el control de las zonas del narcotráfico abandonadas por las FARC, a la que también se han sumado bandas criminales y paramilitares. Grupos y líderes disidentes de las FARC han retomado la lucha armada, con frentes como la Segunda Marquetalia y el Frente 33, que se enfrentan entre ellos.
En enero de 2021 un tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el acuerdo de paz, acusó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho miembros de la cúpula de las FARC por los miles de secuestros, calificándolos de «crímenes de guerra».
La JEP acusó en julio de 2021 a varios oficiales y suboficiales del Ejército por su participación en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», una modalidad criminal que incrementaban el número de bajas de guerrilleros que, en realidad, eran civiles asesinados y presentados como peligrosos criminales. Se calcula que entre 2002 y 2008 hubo unas 6.000 personas asesinadas.
Hasta ahora, todos esos procesos judiciales avanzan lentamente. El 3 de mayo, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, hizo fuertes cuestionamientos a la Fiscalía General por la impunidad con la justicia transicional. Además, sostuvo que por los asesinatos de 327 ex combatientes de las FARC solo se han emitido 39 sentencias, que se concentran en hechos ocurridos en 29 de los 119 municipios donde han ocurrido los hechos.