La Fiscalía niega órdenes políticas y DyJ pide verse con el relevo de Delgado
► Quiere que García Ortiz aclare su posición en las causas contra los exjefes de ETA
LaLa Fiscalía de la Audiencia Nacional salió ayer al paso de la polémica generada por el cambio de criterio en la causa en la que se investiga a tres exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y, a través de un comunicado, insiste en que no ha recibido directrices de ninguna clase, «y menos de carácter político» ni en este procedimiento «ni en ningún otro». El departamento que dirige Jesús Alonso recalca que «sólo se rige por criterios legales y jurisprudenciales», y que su criterio no ha variado desde que la Fiscalía respaldó la reapertura de las investigaciones contra exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad en atentados cometidos por sus «comandos».
Pero el cambio de criterio de la Fiscalía, avalado por el futuro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la investigación contra tres exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco ha generado inquietud en las víctimas. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ) ha expresado en un comunicado la preocupación de la asociación que preside ante lo que considera un «viraje» por «motivaciones políticas». «Lo ha hecho de cara a la galería, para que lo vean los dirigentes de Bildu que están sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez», asegura el presidente de DyJ, para quien la Fiscalía «debería tener criterio jurídico, y no político».
De hecho, Portero tiene previsto solicitar una reunión con el futuro fiscal general para que clarifique a las víctimas cuál es la posición del Ministerio Público en esas investigaciones contra los antiguos integrantes de la cúpula etarra.
Y es que, en contra de lo mantenido hasta ahora por el fiscal del caso, Vicente González Mota (que pidió ser relevado del caso por negarse a asumir el cambio de criterio), la Fiscalía defiende que el plazo de veinte años de prescripción debe computarse desde que se produjeron los hechos y no desde la detención de los investigados. Con esa premisa, no se podría investigar penalmente a los exdirigentes de ETA Mikel Albisu, «Mikel Antza» (actualmente en libertad), Soledad
El Ministerio Público insiste en que su posición no «obstaculiza» la investigación
Iparraguirre, «Anboto» (que cumple condena por varios atentados) e Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería» (también en libertad y el único al que el instructor ha apartado del procedimiento pues fue detenidos en 2000 y han pasado más de veinte años sin que el procedimiento se dirigiera contra él, aunque tanto el fiscal González Mota como DyJ y el PP han recurrido esa decisión).
Con el nuevo criterio del Ministerio Público –que fue avalado por Álvaro García Ortiz, futuro fiscal general del Estado– el único exjefe de ETA al que se podría investigar por el secuestro y asesinato del edil de Ermua en julio de 1997 sería José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri», pues en 2016 se cursó una orden de entrega que interrumpió el plazo de prescripción de 20 años.
Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional hace hincapié en que la prescripción que defiende «se ha de declarar en el momento procesal oportuno». Y en todo caso, añade, eso «no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones» abiertas por distintos jueces del tribunal. Unas reaperturas que, subraya, «no se puede ni debe olvidar, siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del Ministerio Publico».
Eso sí, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reitera que la aplicación de la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico «es un concepto pacífico» desde la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. «Desde dicho momento el cómputo de la misma comienza con el hecho delictivo y se interrumpe cuando el procedimiento de dirige contra persona concreta mediante acto de imputación», señala en contra del criterio mantenido por el hasta ahora fiscal del caso.
Ayer mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refirió indirectamente a este asunto en el acto de toma de posesión de Juanma Moreno al mostrar su preocupación por lo que denominó «delirio comunista de Pedro Sánchez» al haber propuesto como fiscal general del Estado «a una persona que es un peligro para el Estado de Derecho y, por tanto, es un peligro para España», informa Servimedia.