Propuestas contra la «okupación» ilegal
► Un grupo de economistas liberales detalla las medidas necesarias para erradicarla
Potestad para desalojar en 48 horas, aumentar las penas, recuperar la casa en 10 días o resolver contratos de suministro son algunas de las medidas «antiokupación» que proponen los economistas del grupo Acción Liberal para tratar de erradicar este fenómeno que crece de manera preocupante en España ya que según los últimos datos disponibles, las ocupaciones ilegales se han incrementado un 40% en los tres últimos años.
En un reciente informe titulado «Erradiquemos la okupación en España» los economistas realizan propuestas encaminadas a erradicar el fenómeno «okupa» y a la vez, proteger la propiedad privada. Las medidas propuestas contemplan modificaciones de carácter civil, penal, administrativo y fiscal para proteger al propietario afectado.
Este grupo de economistas liberales proponen como primera medida reformar el juicio verbal para que el propietario pueda recobrar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido okupado ilegalmente de manera no consentida ni tolerada, tanto si es vivienda habitual como segunda vivienda. De esta manera, en un plazo inferior a un mes desde que se interpone la demanda el propietario del inmueble debe recuperarlo.
Indican además que la ley tiene que ser más clara a la hora de delimitar la usurpación de vivienda habitual. No puede quedar una cuestión tan importante a expensas de la interpretación judicial. Es necesario incrementar la respuesta penal en el caso de usurpación de inmuebles destinados a viviendas que no constituyan la vivienda habitual del sujeto. Para ello, se elaborará un registro de viviendas «okupadas» a nivel municipal y se debe habilitar a los ayuntamientos al desalojo inmediato en un máximo de 48 horas.
Desde el punto de vista legal, debe existir un delito de instigación y apoyo a la «okupación» ilegal tipificado, incluyendo a todos los que la favorezcan, y esto incluye a cerrajeros que colaboren. Asimismo, la conexión ilegal a la red eléctrica debe de ser un delito tipificado. Habrá mecanismos legales para que compañías de servicios básicos puedan proceder a resolver los contratos de suministro.