La ley valenciana para promover el latifundio queda en papel mojado
► Los agricultores denuncian que la norma, aprobada en 2019, no se está impulsando
PreguntadoPreguntado por qué puede garantizar a los agricultores valencianos para la próxima legislatura, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, respondía ayer que «seguirán impulsando la Ley de Estructuras agrarias». Pero lo cierto es que, basta con echar un vistazo a la hemeroteca, revisar los proyectos puestos en marcha y hablar con los agricultores, para comprobar que esta norma se guardó un cajón tras ser aprobada en 2019, y allí ha permanecido desde entonces.
Esta ley fue aprobada a finales de la anterior legislatura, siendo consellera de Agricultura Elena Cebrián, y tenía entre sus principales objetivos agrupar las pequeñas explotaciones agrícolas en grandes latifundios, puesto que uno de los principales problemas para la rentabilidad del c u l t i v o de cítricos valencianos es precisamente el pequeño tamaño de sus terrenos.
Para ello, la norma proponía, por ejemplo, la creación de un «banco de tierras» en el que se pusiera en contacto a los compradores con los vendedores, así como descuentos fiscales en estas transacciones para facilitar la compraventa. Durante estos cuatro años, solamente se ha puesto en marcha un proyecto de latifundio, concretamente en el Rincón de Ademuz, a petición de un grupo de agricultores, que solicitó la reparcelación de un terreno que afectaba a 500 hectáreas de cultivo en la zona.
La norma también contemplaba la creación de una red de oficinas gestoras de tierras, para apoyar a las experiencias de bancos de tierras existentes. Preveía también la constitución de la red de tierras que contribuya a contactar la oferta y la demanda de parcelas agrarias y movilizar de este modo el suelo.
Según el texto aprobado, se iban a ofrecer herramientas de planificación e información para las políticas agrarias tales como los mapas agronómicos; un plan de actuación sectorial, que sistematice la planificación integral en cultivos de regadío y secano; los Parques Agrarios, como figura adecuada para dinamizar y defender la actividad agraria en los sistemas locales periurbanos, o la figura de la Iniciativa de Gestión en Común.
Pues bien, durante la pasada legislatura no se pusieron en marcha prácticamente ninguna de estas iniciativas. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), denuncian que «el principal objetivo de esta legislación no se está cumpliendo, pues en 2022 tampoco se impulsaron actuaciones claras al respecto que evidencien la solución de crear grandes explotaciones colectivas que reduzcan la parcelación y el minifundio».
Señalan que, entre las iniciativas que la Conselleria de Agricultura debería dar prioridad cabe destacar la puesta en práctica de tres o cuatro explotaciones piloto en la Comunitat Valenciana para mostrar su funcionamiento y hacerlo atractivo. Por otra parte, para algunos agricultores profesionales sería importante facilitarles fiscalmente compras de terrenos y permutas.
Respuesta ante la sequía
Puig respondía a la pregunta de los retos para la próxima legislatura durante su asistencia al 50 aniversario del Comité de Gestión de Cítricos (CGC), acto en el que estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas. El representante del Ejecutivo aseguró que el Gobierno de
Durante estos cuatro años solo se ha puesto en marcha un proyecto en el Rincón de Ademuz
España «está respondiendo» ante la situación de sequía que vive el país, pero también, para evitar un incremento de los precios derivados de esa falta de agua.
Destacó que las lluvias han disminuido en España un 23,5 por ciento desde el 1 octubre, y que los embalses están al 50,1 por ciento de su capacidad, con zonas en una situación «climáticamente severa». Para hacer frente a esta situación, señaló que además de las inversiones en modernización de regadíos y un mejor uso del agua, el pasado martes llevó al Consejo de Ministros un paquete de ayudas ante la sequía, que incluye 318 millones de euros para el seguro agrario combinado.