Prisión sin fianza para la «Manada» de Manresa
La menor manifestó no querer relaciones La magistrada detecta un «alto riesgo de fuga» así como la posibilidad de «futuras represalias»
La titular del juzgado de instrucción número 7 de Manresa, en funciones de guardia, decretó ayer prisión provisional sin fianza para los cuatro acusados de violar en grupo a una menor de 17 años el pasado domingo en un piso de la localidad.
La magistrada así lo decidió en un auto en el que considera que existe un alto riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de represalia por parte de los presuntos agresores contra la víctima.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que tres de los detenidos, todos de unos veinte años y de origen magrebí, se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que el cuarto contestó a las preguntas de todas las partes.
En su escrito, la juez asegura que la menor «manifestó verbalmente y de forma clara que no quería mantener relaciones sexuales» con sus agresores y que incluso les pidió «que parasen, intentando apartarlos sin conseguirlo».
La Fiscalía solicita por ello que se investigue a los sospechosos por un delito de agresión sexual porque cree que la actuación de varios jóvenes de mayor complexión y edad justifican la existencia de intimidación o violencia, condiciones sine qua non para imputarles agresión sexual y no abuso, lo que aumentaría sus penas.
El Ministerio Público considera, además, que cada agresor realizó el delito «directamente sobre la víctima» y actuó «como cooperador necesario en relación a los tres restantes», por lo que «valoralaintimidación/violencia empleada por los investigados para vencer cualquier resistencia de la víctima».
Por su parte, la juez argumenta también su decisión alegando que la joven siempre ha mantenido la misma versión «coherente» de lo sucedido y era «consciente de todo lo que pasaba», pudiendo «observar los rasgos físicos de cada agresor». Asimismo y «debido a la gravedad de la pena a imponer y que ninguno de los cuatro investigados tiene arraigo efectivo en nuestro país, ni medios de vida conocidos», la magistrada detecta un «alto riesgo de fuga», así como la posibilidad de que se produzcan «futuras represalias contra la perjudicada».