Madrid Central se queda
Dos juzgados ratifican la suspensión que tanto Ecologistas como el PSOE reclamaron como medida cautelar. El Ayuntamiento no recurrirá
Doble varapalo judicial a la moratoria de multas en Madrid Central que estableció el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida el pasado 1 de julio. Dos juzgados han confirmado la suspensión de la moratoria que, desde el día 8 de este mes, obligó al consistorio a volver a sancionar a los vehículos que entrasen irregularmente en el Área de Prioridad Residencial (APR) de Centro. En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 ha confirmado la suspensión de la moratoria de sanciones que había aplicado como medida cautelarísima solicitada por Ecologistas en Acción. En un auto al que ha tenido acceso Ep, el titular considera que el consistorio «no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental».
Junto a esta resolución, ayer se hizo público el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 que en un primer lugar rechazó la reclamación del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid de establecer como medida cautelarísima la suspensión de la moratoria de multas hasta escuchar las alegaciones del equipo de Gobierno municipal, y que ahora ha acordado establecer dicha medida cautelar puesto que «priman los derechos al medio ambiente y la salud sobre las deficiencias
en el sistema de multas», tal y como alegó el Ayuntamiento madrileño. Un argumento que también se encuentra en la resolución del Juzgado número 24, que señala al respecto que «la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos, y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales».
Asimismo y respecto a la alegación municipal de que la gran mayoría de las multas se estaban poniendo erróneamente, el auto considera que «la administración municipal cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones, sin perjuicio de que tales deficiencias deben ser corregidas lo antes posible para que el sistema funcione con todas las consecuencias, incluida la sanción al infractor».
No se recurrirá
Pese a que ante sendas resoluciones cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, anunció ayer que el consistorio no recurrirá las disposición judiciales sino que las acata. Sin embargo, Carabante aseguró que «la posición del Ayuntamiento sigue siendo la misma» respecto a plantear un modelo alternativo más eficaz a Madrid Central, porque «fue un fracaso en términos de contaminación y de movilidad».
Desde el grupo municipal socialista su portavoz, Pepu Hernández, se congratuló de las decisiones judiciales y consideró que Martínez-Almeida ha logrado el récord de ser «el alcalde más contestado del país». «Vivimos en un Estado de Derecho y no todo vale en política. Los derechos de los ciudadanos siempre prevalecen sobre el despotismo, la intransigencia y el sectarismo», apuntó. Por su parte, Ecologistas en Acción se felicitó por que se haya confirmado la suspensión de la moratoria e hizo un llamamiento al Ayuntamiento para que «acate el auto y se ponga a trabajar en favor de la salud de los madrileños» y pidió que se resuelvan cuanto antes los problemas en la tramitación de las multas de Madrid Central.